El veto de PSOE y Podemos a los nombramientos del CGPJ no afectará a la plaza del juzgado de la Gürtel

La Proposición de Ley (PL) presentada este miércoles por el PSOE y por Unidas Podemos para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no pueda realizar nombramientos mientras que esté en funciones, no afecta a una plaza tan sensible como la del Juzgado Central de Instrucción Número 5, que instruye causas como el caso Gürtel, tal y como han informado a OKDIARIO fuentes del PSOE.

El hasta ahora magistrado de ese juzgado, José de la Mata, ha sido nombrado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como enlace de España en la Agencia Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) con sede en La Haya (Holanda), por lo que su plaza ha salido en comisión de servicios especiales. El motivo por el que sí se podrá tramitar esa plaza es, ni más ni menos, porque no es un nombramiento discrecional, sino que la citada plaza será para el magistrado o magistrada que más antigüedad ostente dentro del escalafón.

Tal y como la propia proposición explica, las plazas que no se podrían votar son las de “presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional”, que según ambas formaciones políticas, “deben quedar excluidas del ámbito competencial del Consejo cuando este se encuentra en funciones”.

Así, la plaza del Central 5 quedaría incluida dentro de las atribuciones que el CGPJ sí podría seguir ejerciendo, y que la Proposición de Ley define como: «Al no tratarse de un órgano jurisdiccional, que no podría ver paralizada su actividad ni dejar en suspenso ninguna de sus atribuciones, resulta posible separar las facultades del CGPJ en funciones que resultan indispensables para el gobierno y buen funcionamiento de juzgados y tribunales de aquellas otras que, por el contrario, conforman un haz de competencias y atribuciones que legítimamente han de corresponder al CGPJ entrante o renovado y no al saliente».

Central 5

Los juzgados centrales de instrucción son ‘la perita en dulce’ de la judicatura, no en vano instruyen las causas más mediáticas y con mayor relevancia política y social. Entre los nombres que suenan para recoger el testigo que deja José de la Mata está el de otra magistrada más que mediática, la juez Mercedes Alaya, conocida por ser la primera instructora del caso de los ERE de Andalucía.

No es la primera vez que Mercedes Alaya trata de conseguir una plaza en la Audiencia Nacional. Hace un año trató de pegar el salto de Sevilla, lugar donde tiene la plaza como juez en la Audiencia Provincial, a Madrid para recalar en uno de los centrales de Instrucción.

Sin embargo, la juez de la maleta, así se la conoce por el maletín con el que acudía a trabajar cuando instruía los ERE, se vio más que superada por otros magistrados con mejor currículum que ella. Fue el caso de María Tardón que sustituyó a Carmen Lamela en el Juzgado Central de Instrucción 3, y de José Luis Calama, que ocupó la plaza que dejó libre Fernando Andreu en el Juzgado Central de Instrucción Número 4.

Otros nombramientos

Según ha podido saber este periódico, el resto de plazas que faltan por otorgar, y no son discrecionales, como la que ha dejado libre en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, el magistrado Ángel Hurtado, quien fue votado y actualmente está en la Sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, también podrá salir a concurso. Pero más allá de estas plazas mediáticas, las fuentes consultadas explican que lo importante es que los juzgados de “provincias” no se quedaran desprovisto de jueces y magistrados, que era el miedo que la carrera judicial tenía al leer la Proposición de Ley de Podemos y el PSOE.

CGPJ

En cuanto a la PL en sí, las fuentes del Congreso de los Diputados consultadas por OKDIARIO explican que es «otra forma de presión al PP para que firme la renovación del CGPJ». Sin embargo, desde el PP afirman que no se van a mover, ni un ápice, de las condiciones exigidas al PSOE para renovar». Dichas exigencias son «que Podemos no entre en la negociación, que el PSOE retire la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que dejaría fuera de las negociaciones al partido de Pablo Casado- y que no pacte el PSOE con Bildu». Pero también, entraría el mantra de los populares, «que la negociación vaya dirigida a reforzar la independencia de los jueces y magistrados».