El veto ‘fake’ de Sánchez: permitirá contratar el software bibliotecario israelí que Urtasun juró eliminar

El veto del Gobierno de Pedro Sánchez a la importación de productos de Israel provenientes de los denominados «asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania» para «combatir estas ocupaciones» no cubre una de las pretensiones antisraelíes del propio Ejecutivo. Y es que el Gobierno, finalmente, no ha incluido el Malha Technology Park en el listado de «Territorio Palestino Ocupado» y, por tanto, no podrá rescindir los contratos con las empresas que tienen allí su sede, como la compañía Ex Libris, creadora del software bibliotecario que usa la Biblioteca Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura. De ese modo, Ernest Urtasun no contará con la herramienta legal para rescindir el contrato suscrito bajo su mandato, pese a que se comprometió a hacerlo a finales del pasado año.

La Biblioteca Nacional de España contrató en verano a la empresa israelí Ex Libris para utilizar sus programas de gestión bibliotecaria. El contrato asciende a casi 1,4 millones de euros. Todo ello, a pesar del boicot que promueve el partido liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a las empresas de Israel.

Además de Cultura, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), integrado en el Ministerio de Ciencia y Universidades, encabezado por Diana Morant, viene utilizando esta plataforma para la gestión del catálogo de sus libros.

Más tarde, varios representantes de Sumar presentaron una iniciativa en el Congreso para romper con Ex Libris porque consideraban que la empresa israelí tiene su sede en el Malha Technology Park, al sur de Jerusalén. El partido magenta aseguró que estaba en uno de los «territorios ocupados». Subrayaban que allí se elevaba la antigua aldea de Al Maliha y acusaban a Israel de haber «limpiado étnicamente» ese enclave.

Para justificar su posición, Sumar apeló a una resolución de la Corte Internacional de Justicia en la que se pedía a los Estados que evitaran «mantener, con respecto al Territorio Palestino Ocupado o partes del mismo, relaciones económicas o comerciales con Israel que puedan reforzar la presencia ilegal de este último en dicho territorio».

Para aplicar el veto, un listado

Más tarde, el Gobierno aprobó un Real Decreto para prohibir la importación de productos «provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania» para «combatir estas ocupaciones». Y finalmente, el ministerio de Ernest Urtasun anunció que licitaría un nuevo contrato para contratar otro software, al considerar que la empresa creadora se ubicaba en territorios ocupados.

Sin embargo, para hacer efectivo este veto, la norma establecía que el Gobierno debía redactar en primer lugar un «listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado». Es decir, que para saber si la norma se aplica o no a un territorio, es necesario cotejar si su código postal está dentro de los lugares vetados.

En el caso de Ex Libris, su empresa matriz, Clarivate, indica que la sede de la compañía israelí está en el mencionado parque tecnológico y tiene como código postal el 9695809. A este complejo, Sumar lo etiqueta como «territorio ocupado».

El pasado jueves, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el listado definitivo, tras corregir otro presentado anteriormente. Sin embargo, entre los códigos postales que identifica como «territorio ocupado» no está el número 9695809.

Fuentes de Cultura consultadas por OKDIARIO confirmaron que debían esperar a que este listado incluyera el código postal y, por tanto, permitiese a la cartera de Urtasun romper con la empresa de gestión bibliotecaria. De ese modo, el veto de Sánchez a Israel no habilitaría legalmente a Urtasun para rescindir el contrato de Ex Libris con la Biblioteca Nacional. Y, por tanto, no podría aplicar el veto exigido por la extrema izquierda y que Urtasun se comprometió a poner en marcha.