Un vecino de Peralta (Navarra) denuncia delitos urbanísticos en el pueblo: «Hay una organización criminal»
El denunciante acusa al Ayuntamiento de haber regalado terrenos públicos a una promotora
La sombra de la corrupción urbanística sobrevuela sobre el pequeño municipio navarro de Peralta. Un vecino del pueblo, Jesús Martínez, ha interpuesto una denuncia acusando al Ayuntamiento peraltés y a varios funcionarios del Gobierno de Navarra de presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad documental y estafa ante el Seprona de la Guardia Civil. «Hay una organización criminal», dice este vecino, que asegura que el consistorio de la localidad ha «regalado miles de metros cuadrados pertenecientes a zonas de dominio público».
Son las 13 horas y en Peralta se respira tranquilidad. El río Arga atraviesa una localidad que se levanta a los pies del cabezo, un monte de piedra caliza que arropa al casco antiguo del municipio. Más allá, cerca de la carretera que conduce a La Rioja, se encuentra un Polígono Industrial, conocido como El Escopar, y un barrio de reciente construcción que se levanta en torno a la Plaza de Leognan. Ambos objeto de la denuncia antes citada.
Sentado en un banco del municipio, Martínez explica a OKDIARIO que todas las viviendas en las calles Cañada, Valle del Roncal y alrededores las levantó una conocida inmobiliaria de la zona: Proginsa. Esta promoción, explica, se llevó a cabo gracias a la reparcelación de la cañada real Ramal de Las Luchas en el año 2003, una zona de titularidad pública. Preguntado por las beneficios obtenidos por esta obra, Martínez reconoce que es «incalculable» debido a la magnitud del proyecto.
Una promoción de 47 millones
En este nuevo barrio, construido según el denunciante sobre terreno público, los precios de las viviendas oscilan entre los 94.000 y 228.000 €, tal y como muestra el portal inmobiliario Idealista. Esto, unido al número de pisos y casas bajas construidos (en torno a 500) da una suma aproximada de 47 millones de euros de pelotazo urbanístico redondeando a la baja. Una cifra considerable para una pequeña localidad de 6.000 habitantes.
Cabe decir que este presunto delito de corrupción urbanística en Peralta viene de lejos. El Informe de Vías Pecuarias del Gobierno de Navarra realiza una cronología explicando la recalificación, reparcelación y desaparición de la cañada Real Ramal de Las Luchas desde el año 2001, una zona considerada como terreno público. Este informe muestra que en aquel año la cañada figuraba en el catastro como rústica con una superficie de 11.422,868 m2.
Sin embargo en el año 2002, bajo el Gobierno local de Jesús Hilario Campo Vidondo (Unión Peraltesa de Izquierdas), la superficie de la cañada se reduce hasta 7.883, 599 m2, perdiendo más de 3.000 m2, y en el año 2003 se recalifica de rústica a urbana y se reparcela para urbanizar.
Finalmente en el año 2004, bajo la alcaldía de María Sagrario Guinduláin (UPN), la cañada desaparece «y en su lugar figuran parcelas urbanas que no permiten mantener el trazado de la vía pecuaria». Actualmente el paisaje es totalmente urbano, con cientos de viviendas construidas.
Todo esto, según el denunciante, supone un presunto delito de corrupción urbanística pues los terrenos recalificados y reparcelados pertenecientes a suelos públicos fueron «regalados» a la promotora Proginsa para llevar a cabo un supuesto pelotazo urbanístico de decenas de millones de euros.
Otras «usurpaciones» de suelo público
El denunciante afirma que la empresa Dynamobel, donde trabajó el actual alcalde de la localidad Juan Carlos Castillo (Unión Peraltesa de Izquierdas), se ha apropiado de una parte de la cañada real conocida como T4 y que esta «usurpación» de terreno público no ha sido resuelta. Este medio ha podido comprobar cómo esta empresa tiene su vallado más adelantado que las otras compañías instaladas en los límites de la cañada T4, un hecho que el denunciante achaca a una supuesta ocupación ilegal.
OKDIARIO se ha puesto en contacto con el actual alcalde del Ayuntamiento de Peralta que niega rotundamente estas afirmaciones argumentando que se hizo un nuevo plan urbanístico con nuevos trazados de dichas cañadas y que las «usurpaciones», a las que se refiere el denunciante y reconocidas por el Informe de Vías Pecuarias del Gobierno de Navarra, se resolvieron. También aclara que no puede responder por lo que hicieron anteriores administraciones locales pues él lleva al frente del consistorio desde el año 2015.
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