Ultimátum independentista a Sánchez: «amnistía para los presos» golpistas o no habrá mesa de diálogo
El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha lanzado esta noche un indubitado ultimátum a Pedro Sánchez: sin amnistía a los presos golpistas, no habrá mesa de diálogo. Un órdago, en cualquier caso, maquiavélico, porque recordemos que quienes pidieron la mesa de diálogo, fueron, precisamente, los partidos independentistas del Govern catalán.
Pere Aragonès ha advertido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sólo se volverá a sentar en la mesa de negociación para debatir y tratar de resolver la situación política en Cataluña si sobre ella se sitúa la amnistía a los dirigentes independentistas encarcelados por impulsar el 1-O.
«Hoy, por acción o por omisión, el Gobierno español se ha levantado de la mesa de negociación», ha expresado en declaraciones a los periodistas a las puertas de la cárcel de Lledoners donde cinco de estos presos han vuelto a entrar tras retirarles judicialmente el tercer grado, hecho que había solicitado la Fiscalía Provincial de Barcelona.
El dirigente secesionista ha asegurado que ERC continúa apostando por una solución «política y democrática» basada en el derecho a la autodeterminación y en la amnistía, pero ha añadido: «Solo podrá volver a sentarse si se plantea por la amnistía de los presos políticos y exiliados».
Este martes el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Cataluña ha aceptado suspender el tercer grado de cinco de los presos del 1-O a raíz del recurso que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha presentado.
En cinco providencias consultadas por EP, la titular del juzgado acuerda, como ha pedido el fiscal, que el recurso tenga efectos suspensivos y tramitarlo de forma preferente y urgente.
Esta decisión afecta al expresidente de la ANC, Jordi Sànchez; al líder de ERC, Oriol Junqueras; al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y a los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn, mientras que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 deberá posicionarse sobre el recurso que afecta a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.
El único miembro del Gobierno que se ha manifestado respecto a la decisión del tribunal ha sido Pablo Iglesias, situándose a favor de los golpistas.
Al posicionarse sobre este asunto, obliga al ala socialista del Gobierno a retratarse, de otra forma, podría interpretarse que el Gobierno al completo pone en duda una decisión judicial de semejante calado, sobre todo, cuando el juzgado ha actuado tras una petición de la Fiscalía en ese sentido.
Iglesias dice que no valora la «calidad jurídica de una decisión judicial» para, a continuación, asegurar que «la suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia».
El líder de Podemos ha defendido «el compromiso con la democracia y el diálogo» de los cinco presos a los que se les ha suspendido el régimen de semilibertad. «He visitado a los cinco en prisión y no albergo ninguna duda sobre su compromiso con la democracia y el diálogo aunque no comparta en absoluto su proyecto», ha señalado.
En este sentido, Iglesias ha explicado que sospecha que «muchos ciudadanos en Cataluña y en el conjunto de España volverán a tener la sensación de que la Justicia no siempre es igual para todos». «Que esa sensación se abra paso es malo para nuestra democracia», ha lamentado.
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