Urkullu vacía sus cárceles de presos peligrosos e inadaptados para dejar sitio a etarras

Uno de los factores que analizan las autoridades penitenciarias antes de proceder al traslado de un preso de una a otra prisión es el ratio de ocupación de plazas. Es decir, si el centro receptor puede recibir más presos. Y en el caso de las prisiones vascas, ese ratio es actualmente muy alto, lo que dificulta el traslado de más presos de la banda terrorista ETA. Para solucionarlo, el Gobierno de Iñigo Urkullu está gestionando el traslado de presos peligrosos, inadaptados y con una trayectoria penitenciaria «irregular» a cárceles de fuera del País Vasco como Burgos o Logroño.

El Gobierno vasco necesita desocupar celdas de Basauri, Zaballa y Martutene si quiere que el 30% del total de presos de ETA, los que aún faltan por ser acercados a sus cárceles, puedan ser acogidos en ellas. Y el tiempo corre en su contra de cara a cumplir el plazo que se ha planteado la izquierda abertzale: todos acercados antes de que acabe 2022.

Esta situación está provocando una gran indignación entre los funcionarios de prisiones próximas al País Vasco. Especialmente las de Burgos y La Rioja, que suelen ser plazas intermedias para los etarras acercados. En los últimos meses, el flujo de presos entre cárceles vascas y estos centros ha sido constante. Pero el perfil de los internos intercambiados es el que genera preocupación en las plantillas.

«Peligrosos»

Según explican fuentes penitenciarias, el País Vasco está deshaciéndose de presos considerados peligrosos, internos con crímenes o de alto riesgo, con mal comportamiento y signos de inadaptación al circuito carcelario. «No quieren primeros grados, sólo presos tranquilitos que no den problemas», resumen.

De hecho, aseguran, entre estos presos que están siendo derivados a otros centros hay «presos con arraigo vasco» y lazos familiares en la comunidad autónoma. Es decir, que se estaría produciendo una dispersión ‘a la vasca’.

Estos traslados, dicen, no encuentran oposición por parte de las direcciones de las cárceles de recepción, lo que les lleva a pensar que se trata de alguna instrucción por parte del Gobierno central y de la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias.

Celdas a ETA

El objetivo último de este plan, relatan las fuentes penitenciarias consultadas, es la de hacer hueco al poco menos de medio centenar de etarras que aún quedan cumpliendo sus penas en cárceles fuera del País Vasco. Al margen de este cálculo quedan los 9 etarras navarros que cumplen condena en el centro de Pamplona.

Además, explican, el aumento de crímenes en el País Vasco tampoco ayudará al Gobierno de Urkullu a vaciar sus cárceles: en 2022, respecto a 2021, se ha experimentado un aumento considerable de homicidios (+33%), delitos de lesiones y riña tumultuaria (+78%) o robos (+96%). Son datos oficiales del Ministerio del Interior del segundo semestre. Algunos de los autores de esos crímenes, advierten, han ingresado en Zaballa, Martutene o Basauri en espera de su juicio.