La UE abronca a Sánchez en pleno ataque al juez Peinado: «Se debe preservar la confianza en la Justicia»

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 14/10/2024 06:51
  • Actualizado: 14/10/2024 08:55

La Comisión Europea ha lanzado un nuevo aviso al Gobierno por sus ataques a la Justicia. La ofensiva del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se recrudeció tras el rechazo de los jueces a aplicar la Ley de Amnistía a delitos como la malversación, se ha extendido al caso Begoña, y especialmente a su instructor, Juan Carlos Peinado. Basta recordar que el propio presidente del Gobierno, a través de la Abogacía, se ha querellado contra el juez por un presunto delito de prevaricación.

Ahora, a través de una respuesta en el Parlamento Europeo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Bruselas reprende de nuevo al Gobierno, recordándole que «si bien los órganos jurisdiccionales no son inmunes a las críticas ni al escrutinio, el Poder Judicial debe gozar de confianza pública para desempeñar su labor de forma eficaz, habida cuenta de su especial papel en la sociedad». Y añade: «El deterioro de dicha confianza es especialmente importante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones constitucionales, incluido el Poder Judicial».

La alusión de la UE, a través del comisario de Justicia, Didier Reynders, no se circunscribe al caso que acorrala a la mujer del líder socialista. La eurodiputada del PP Dolors Montserrat elevó en agosto una pregunta escrita para que Bruselas valorase las presiones y señalamiento del Ejecutivo a los jueces.

«Desde que el actual presidente del Gobierno accedió al poder a través de una moción de censura, se ha tomado como norma general cuestionar, señalar y presionar a jueces cuando las decisiones no son del agrado del presidente o de los socios que le mantienen en el poder», destacaba Montserrat.

La eurodiputada recordó, además, que «una de las recomendaciones, y a la vez motivo de preocupación para la Comisión Europea expuesto en su informe sobre el Estado de Derecho, es el respeto a la independencia judicial y el rechazo a la presión política sobre los jueces». Como ejemplo, aludió a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, criticando al juez Pablo Llarena por no aplicar la amnistía a Carles Puigdemont. «¿Condena la Comisión el señalamiento a jueces por parte del Gobierno? ¿Cómo actuarán para evitarlo?», se preguntaba Montserrat. 

Ofensiva contra Peinado

Desde que se conoció la imputación de Begoña Gómez, el Ejecutivo de Sánchez no ha dejado de presionar al juez Juan Carlos Peinado, tratando de deslegitimar la investigación. Las asociaciones judiciales han mostrado su rechazo a esta ofensiva, y también el Consejo General del Poder Judicial, que emitió un comunicado en el que hacía un «llamamiento» al presidente del Gobierno para evitar «cualquier clase de juicio de intenciones que sólo contribuye al deterioro de las instituciones y, en definitiva, de la democracia constitucional». Se refería así el CGPJ a la «carta a la ciudadanía» en la que Sánchez acusaba a Peinado de «tratar de interferir» en el resultado electoral.

Esa ofensiva ha arreciado aún más en las últimas semanas, con motivo de la decisión de la Audiencia de Madrid sobre el archivo de la causa. Unos ataques que no han dado el resultado que Pedro Sánchez deseaba, pues la Audiencia ha avalado la investigación de Peinado.

Querella

El presidente socialista, cabe recordar, se negó a declarar ante el juez por los negocios de su mujer. Ese mismo día, presentó una querella contra el magistrado. En la misma, se llega a asegurar: «Se trata de impedir que el ejercicio del Poder Judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales».

La Abogacía sostiene que el juez no cuenta con «un mínimo indicio» que «soporte» las diligencias acordadas y que con sus «conjeturas» genera un «descrédito gratuito» y «desprestigia» la Presidencia del Gobierno.