La UDEF investiga el desvío de 511.000€ en proyectos humanitarios de 7 países para financiar el 1-O

La UDEF investiga el desvío de 511.000 euros destinados a subvenciones para realizar diversos proyectos de cooperación y desarrollo en Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Uruguay, Chile, Panamá, Brasil o Colombia entre 2012 y 2015 para financiar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los investigadores calculan que se habrían defraudado al menos dos millones de euros a través de, como mínimo, 28 subvenciones fraudulentas.

Un dispositivo policial de cerca de 500 policías ha protagonizado la denominada ‘operación Estela’ este jueves por orden del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona en la Ciudad Condal, Gerona, Falset, Reus, Mataró, Manresa, San Cugat del Vallés y Arenas de Mar.

La UDEF ha practicado 19 registros en despachos de sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, en la sede de fundaciones y asociaciones CATmon e IGMAN, en diversas empresas así como en los domicilios de los principales miembros de la organización, procediéndose a la detención de 30 personas que pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

Entre los expedientes investigados por los agentes, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, se encuentra un proyecto de «Fortalecimiento de procesos reconstrucción en la región de Opstina Trnovo en Bosnia-Herzegovina de 31.031 euros y una “Guía digital turística» en la misma región por 52.800 euros.

También hay subvenciones supuestamente destinadas a Marruecos de «Apoyo a Desarrollo Económico y social en el marco de la renovación urbana de Mediouna”de 47.120 euros, donde no consta la fecha del decreto de aprobación. En este país, también se investiga el proyecto «INCUBA-MARRUECOS” de 67.391 euros o la “Promoción del desarrollo socio-económico de la región de Gran Casablanca” de 38.009,60 euros.

El denominado proyecto «INCUBA» también se investiga en Uruguay tras aprobarse una ayuda de 35.689,92 euros. En el mismo continente, se localiza el “Estudio y desarrollo de un Plan de acción para la gestión de residuos sostenible región de Veraguas en Panamá por importe de 45.000 euros; el proyecto “Capacitación Gestión Residuos Urbanos del Estado de Paraiba (CAGRUEPA)» en Brasil por 67.237,20 euros.

También en Latinoamérica se encuentra el “Plan para desarrollar la gestión sostenible y autosuficiente del ciclo del agua en la Isla de Pascua en Chile” con 44.959,50 euros; la subvención para el “Estimulo del sector agro alimentario del Perú en base a la innovación e inclusión comunitaria” por 62.869,91 euros o el “Diseño e implementación de un programa de separación de residuos sólidos domiciliarios municipales en nuevo Mondeño en Colombia” que asciende a 49.840,35 euros.

Los arrestados en la ‘operación Estela’

Entre los arrestados en el marco de la ‘operación Estela’, se encuentra Jordi Castells Masanés que en el momento de la concesión de las subvenciones era director de Relaciones Institucionales de la Diputación de Barcelona y actualmente ocupa el cargo de Subdirector General de Cooperación Local de la Generalitat.

También han sido detenidos el entonces presidente de la Diputación Salvador Esteve Figueras; el actual alcalde de Tordera y Diputado Delegado de Hacienda, Recursos Humanos, Procesos y Sociedad de la Información de la Diputación, Joan Carles García Cañizares; así como Víctor Terradellas Maré, que fue secretario de Relaciones Internacionales de CDC, a responsables de PIMEC, así como a otros directivos de fundaciones, asociaciones y empresas catalanas. Se les investiga por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones.

Las diligencias se iniciaron en virtud de un voluminoso mecanoscrito anónimo que tuvo entrada en este Juzgado por turno de reparto. La investigación se centra en el posible desvío de más de dos millones de euros de dinero público en subvenciones para ayudas en supuestos proyectos en países en desarrollo y presuntamente revelaría que los fondos de tales subvenciones transitaban de forma anómala entre las cuentas bancarias de IGMAN, CAtmon y la sociedad mercantil Discatimar S.L, para finalmente ser reintegrados en efectivo, destinados a sufragar los gastos de la actividad del entramado criminal o a nutrir las cuentas personales de diversos implicados en la trama.