La UCO entrega al juez el informe que destapa la complicidad de Torres en el ‘caso mascarillas’

• Luis Balcarce @lbalcarce
• Director Adjunto de OKDIARIO.
• • 30/10/2025 14:09
  • Actualizado: 30/10/2025 22:05

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado este jueves por la mañana al magistrado Ismael Moreno el demoledor informe sobre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que incluye pruebas concluyentes de su participación en la trama de las mascarillas. El documento desolador para el ministro podrá ser un punto de inflexión en el caso que ha sacudido al Gobierno de Pedro Sánchez y podría desencadenar la petición de imputación del ministro ante el Tribunal Supremo.

Fuentes de OKDIARIO han confirmado que el informe se ha entregado al juez de la Audiencia Nacional en las últimas horas. El magistrado Moreno deberá  leer con detenimiento el informe y decidir si existen suficientes indicios delictivos contra Torres para solicitar su imputación. Posteriormente repartirá el informe a las diversas partes personadas en el caso.

Dado que el ministro goza del aforamiento propio de los miembros del Gobierno, la hipotética petición deberá tramitarse ante el Tribunal Supremo mediante la correspondiente exposición razonada. Este procedimiento podría prolongarse durante semanas.

Torres ha llegado a adjudicar desde el Gobierno regional de Canarias hasta 12,2 millones de euros a Soluciones de Gestión por un total de 4,7 millones de mascarillas FFP2 y EPI KN95 destinadas a hospitales. De estas, 837.800 unidades resultaron ser falsificaciones. El ministro las pagó a precios exorbitados –con la que mantenía hilo directo por WhatsApp– pese a que no eran aptas para su uso sanitario, según consta en las diligencias judiciales.

Aunque el informe se ha presentado este jueves, podrían pasar unos días hasta que trascienda a la prensa su contenido completo. Los informes que provocaron la caída en desgracia de José Luis Ábalos y Santos Cerdán han tardado entre 2 y 7 días respectivamente desde que se han firmado, se han entregado al juez y finalmente han trascendido a los medios de comunicación.

Por su parte, la UCO ha estado indagando estos últimos meses los manejos del ministro durante su etapa en política. Primero como edil y alcalde de Arucas, en Las Palmas de Gran Canaria, entre 2011 y 2015. Se investigan presuntas comisiones recibidas cuando ocupó ese cargo municipal, antes de escalar a presidente autonómico y, posteriormente, a ministro del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una tanquería

Fuentes autonómicas indican que el dirigente socialista tenía buen trato con empresarios considerados «mafiosos» en las islas con los que hicieron buenos tratos, aunque esta línea de investigación podría enfrentarse a problemas de prescripción dado el tiempo transcurrido. Quizá por ello finalmente no aparece en el informe final.

Por otra parte, otra vía de investigación clave es que Koldo García llamó a Torres para organizar la puesta en marcha de un parque de tanques de petroleo –una tanquería, en su lenguaje técnico, un paso previo a una refinería petrolera– en un puerto canario. Torres se mostró predispuesto a ayudarles en todo lo posible y les derivó a un consejero canario. Es posible que la UCO haya encontrados esos chats.

Alarma en el Gobierno

La posible imputación de Torres ha disparado las alarmas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Ejecutivo reconocen en privado que la entrada del ministro en el banquillo supondría «un torpedo en la línea de flotación» del presidente, cada vez más cercado por los casos de corrupción que salpican a su entorno más próximo.

El golpe llegaría en un momento especialmente delicado para Sánchez. El presidente se encuentra debilitado tras el reciente informe patrimonial sobre José Luis Ábalos en el que la UCO ha documentado los sobres con el logotipo del PSOE repletos de dinero destinados al ex ministro y a Koldo García, su asesor y pieza clave en la trama investigada.

El propio Torres admitió en el Senado haber participado en el pago de varios millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión por mascarillas a la postre defectuosas por precios altos en un contexto de emergencia máxima, tras la mediación de Koldo García. Mensajes internos revelan que Torres ha hablado directamente por teléfono con el empresario Íñigo Rotaetxe en julio de 2020 para resolver problemas con certificaciones.

El cerco se estrechó en enero

El cerco sobre Ángel Víctor Torres se estrechó el pasado mes de enero durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo del Senado. El senador popular Fernando Martínez-Maíllo fue tajante: «Torres nos ha mentido mucho, tanto en relación con Koldo como con Aldama y ha colaborado con la trama de corrupción. Lo que falta por saber es si ha colaborado con la trama por negligencia, si no lo sabía; o si lo sabía, con connivencia».

Martínez-Maíllo centró su interrogatorio en la relación de Torres con Koldo García y los pagos a Soluciones de Gestión. «¿No le extrañó que un asesor de un ministro se interesara tanto por los pagos a una empresa privada? No sé si esto es irresponsable o ingenuo, porque lo otro es connivencia», le dijo al ministro.

El portavoz popular recuperó los mensajes de WhatsApp entre Torres y Koldo sobre los pagos a Soluciones de Gestión, subrayando especialmente una respuesta del ministro: «Hoy dormiré mejor». «¿Por qué se pone tan contento y da tantas explicaciones a un asesor de un ministro por los pagos a una empresa privada?», insistió.

«Queda demostrado que usted estaba al tanto de los detalles de la contratación y los pagos de las mascarillas de Soluciones de Gestión, por lo que nos ha vuelto a mentir. Usted colaboró con la trama, directa o indirectamente, por negligencia política o porque estaba implicado, como prueban sus conversaciones con Koldo», concluyó Martínez-Maíllo.