La UCO concluye que el fiscal general cambió de móvil una semana después de ser imputado por el Supremo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado que Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, cambió su teléfono móvil el 23 de octubre de 2024, siete días después de que el Tribunal Supremo iniciara una investigación en su contra por presunta revelación de secretos en el caso relacionado con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según un nuevo informe de la UCO, los investigadores llegaron a esta conclusión tras analizar los identificadores técnicos (IMSI/IMEI) asociados a las tarjetas del teléfono móvil que fue incautado durante el registro de su despacho el 30 de octubre.

Ese análisis técnico reveló que los identificadores IMSI vinculados a estos IMEI comenzaron su actividad el 23 de octubre de 2024, lo que sugiere que se produjo un cambio de dispositivo en esa fecha para las tarjetas mencionadas.

La investigación del Supremo se centra en la presunta filtración de información confidencial relacionada con Alberto González Amador –novio de Isabel Díaz Ayuso–. Medios de izquierdas afines al Gobierno de Pedro Sánchez publicaron los correos electrónicos privados del abogado de la pareja de la presidenta madrileña con la Fiscalía hablando de un posible pacto por delito fiscal.

El juez del Supremo, Ángel Hurtado, solicitó el 23 de diciembre a la UCO investigaciones adicionales sobre el teléfono móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que los investigadores no encontraran ningún mensaje en sus dispositivos.

La decisión del magistrado instructor llegó tras analizar los resultados del informe pericial realizado por la UCO sobre los materiales incautados durante el registro al despacho de García Ortiz el 30 de octubre. En concreto, el juez pidió información precisamente sobre los números y códigos de identificación de los teléfonos vinculados a las tarjetas confiscadas, así como los datos de sus titulares.

Los investigadores no hallaron mensajes en los dispositivos de García Ortiz durante el período clave del 8 al 14 de marzo, fechas relevantes para la supuesta filtración denunciada por el compañero sentimental de Ayuso. Sin embargo, un informe anterior de la Guardia Civil sí encontró comunicaciones del fiscal general en esas fechas en el teléfono de Pilar Rodríguez, fiscal jefe provincial de Madrid, también imputada.

Según fuentes jurídicas, el objetivo de las nuevas diligencias era determinar si el dispositivo desde el que García Ortiz envió los mensajes a Rodríguez era el mismo que el analizado por la UCO.

La investigación se centró en los acontecimientos del 13 al 14 de marzo, cuando la Fiscalía publicó una nota de prensa sobre correos intercambiados entre la defensa de González Amador y el fiscal Julián Salto. Aunque el Supremo descartó un delito en la nota de prensa cuando abrió la causa el 16 de octubre, la investigación se enfocó en la posible filtración de correos electrónicos a los medios durante esa noche. Los publicó íntegramente El Plural tras una conversación entre Pilar Sánchez Acera, alto cargo en Moncloa, y Juan Lobato, entonces líder del PSOE en la Asamblea de Madrid antes de interpelar en un debate a Ayuso.

Quejas de compañeros

Precisamente esta semana la Asociación de Fiscales (AF), organización mayoritaria entre los fiscales españoles, ha mostrado su preocupación por la creciente vinculación entre la Fiscalía General del Estado y el Gobierno, al tiempo que ha criticado el «clamoroso silencio» del fiscal general, Álvaro García Ortiz, ante esta situación.

La reacción de la AF surge tras la declaración institucional del presidente Pedro Sánchez el pasado 20 de diciembre, en la que se refirió a García Ortiz como «su fiscal general», un posesivo que la asociación considera especialmente grave. «Nuevamente para el presidente del Gobierno el Ministerio Fiscal no es una institución autónoma, de raíz constitucional y ajena al partidismo político», ha denunciado la asociación.

«El Ministerio Fiscal no se integra en el Gobierno, sino que se ha constituido en defensa de toda la sociedad sin distinción y es ajeno a los movimientos políticos», ha enfatizado la AF en un comunicado. La asociación reclamaba una respuesta contundente de la Fiscalía General defendiendo su independencia, algo que consideran particularmente necesario en el actual contexto de polarización política y con un procedimiento penal que afecta al propio fiscal general.

La organización de fiscales ha subrayado que el fiscal general «pertenece y está al servicio de toda la sociedad, no del Gobierno de turno» y ha instado a García Ortiz a emitir un comunicado explicando «sin matices su posición neutral y su independencia respecto del ejecutivo». Sin embargo, varios días después, ese pronunciamiento solicitado por sus compañeros no ha llegado. El imputado García Ortiz no se ha referido a este asunto esta semana y tampoco ha trascendido que hay trasladado en privado el malestar al Ejecutivo de PSOE y Sumar.