El tripartito de Armengol en Baleares aprueba un catálogo para catalanizar todos los topónimos
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El Gobierno de la socialista Francina Armengol ha aprobado la creación de un nomenclátor georreferenciado para cambiar y ordenar los topónimos no urbanos de las Islas Baleares del español al catalán, así como su información descriptiva. La luz verde para este nuevo paso en la dictadura lingüística la concede a través de la Consejería de Cultura, en manos de la pancatalanista Més per Mallorca que permite gobernar al PSIB-PSOE.
La Comisión de Toponimia es el organismo encargado de la fijación oficial de esos nombres geográficos y de elaborar un catálogo definitivo, así como de supervisar su integración en la cartografía oficial de las Islas. Esta tarea, han explicado desde la ‘Conselleria de Cultura i Participació’ se realizará en paralelo a las funciones que la Universidad de las Islas Baleares (UIB) desarrolla en materia de asesoramiento lingüístico.
Priorizar topónimos en catalán
El grupo de expertos fijará los criterios para el uso y la representación de la toponimia en la cartografía oficial. También elevará propuestas al ‘Govern’ para su aprobación. La Comisión de Toponimia asesorará a ayuntamientos y organismos públicos sobre la necesidad y la prioridad que deben otorgar a a los topónimos propios frente a los que existan en castellano.
Hem convocat la Comissió de Toponímia de les Illes Balears, que ha acordat impulsar la creació del #Nomenclàtor #Georeferenciat de les Illes Balears destinats a la cartografia bàsica https://t.co/YS1eO4PgJl pic.twitter.com/POvASgBSsZ
— Conselleria CPE (@conselleriaCPE) 28 de febrero de 2018
«Normalización» y «control»
El ‘Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears’ ha trazado las fases del proyecto Nomenclàtor Georeferenciat Toponímic (NOTGIB) en cinco fases. La normalización de los nombres geográficos «por parte de la autoridad competente», con la forma gráfica correcta; la armonización y «homogeneización» de datos de nombres geográficos y la oficialización del topónimo eligiendo «la forma más adecuada por parte de la autoridad competente».
Las dos fases finales atañen directamente al Ejecutivo autonómico para que esa catalanización toponímica se implemente de forma efectiva: la difusión de la toponimia «normalizada» para que esté «al alcance de todos». Y el «control de la toponimia por parte de los organismos responsables para asegurar que la toponimia adoptada sea la adecuada».
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