El Tribunal de Cuentas tumbará el recurso de Puigdemont contra la multa de 1,9 millones por malversación
La consejera del Tribunal de Cuentas planea desestimar el recurso de Gonzalo Boye para retrasar el juicio
La defensa de Puigdemont alegaba que era "un gasto indebido" celebrar ahora el juicio
La consejera del Tribunal de Cuentas encargada del juicio por posibles responsabilidades contables en los gastos para montar el referéndum ilegal en Cataluña y el procés trabaja en desestimar el recurso de la defensa de Carles Puigdemont para retrasar la vista señalada para el próximo viernes 17 de noviembre. Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO confirman que se mantendrá el criterio de la audiencia previa celebrada hace unos meses y la petición del ex presidente catalán no será atendida.
Gonzalo Boye, el polémico abogado de Carles Puigdemont, sostiene que no se puede decidir aún si su cliente debe pagar 1,9 millones de euros por fondos públicos de la Generalitat desviados al procés porque el ex presidente catalán no tiene una resolución penal firme, que declare si en efecto se trata de hechos constitutivos de delito. A su entender, sería «un gasto indebido de recursos públicos» que se celebrara el juicio y se acabara dictando una sentencia sin efecto, a expensas «del resultado del procedimiento penal».
La consejera del caso, Elena Hernáez, se ha mostrado inflexible y no cede ante Puigdemont y el resto de políticos catalanes que se enfrentan a pagos millonarios. No obstante, los independentistas lograron que las fianzas para afrontar este procedimiento en el Tribunal de Cuentas las sufragara el Instituto Catalán de Finanzas tras la dimisión de tres altos cargos de esa entidad pública.
Con la negociación de la Ley de Amnistía entre el PSOE, ERC y Junts como telón de fondo, la sede del Tribunal de Cuentas prepara un día que pasará a su historia. En total 35 ex altos cargos del Govern se someterán a juicio por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del procés.
La vista está fijada, por tanto, para celebrarse, si no hay sorpresas de última hora, el día 17 e incluye la práctica de tres testificales, incluida la citación del propio Puigdemont. No obstante, se da por hecho que no acudirá. Podría declarar por videoconferencia desde Bruselas. El sistema telemático está preparado, pero previsiblemente el ex presidente dejará plantados a los presentes. Como publicó OKDIARIO, Puigdemont, en otra artimaña para retrasar el procedimiento, trató de que le tomaran declaración en persona en Waterloo (Bélgica).
La vista del viernes 17 servirá para presentar la prueba documental y que testifique una técnica de la Generalitat que cifre el coste de la responsabilidad contable. Posteriormente, las conclusiones de las partes se aportarán por escrito por las defensas y las acusaciones, en este caso, por la Fiscalía y por Sociedad Civil Catalana.
La Fiscalía pide 3,1 millones
En este juicio, el Ministerio Fiscal pide que los 35 encausados paguen 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Todo tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas. En origen, se pedían 9,5 millones de euros. Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 ex dirigentes del Govern. Han analizado partida a partida los contratos que se desviaron a fines ilícitos.
Entre los investigados figuran Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas –que ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat más de 4,9 millones más intereses–, los consejeros Raúl Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig; ex delegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
Asimismo, están encausadas nueve personas que fueron procesadas por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona en la causa abierta por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Por su parte, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas aclaró en un escrito que la parte de la demanda dedicada a los gastos del 1-O «cumple la encomienda realizada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo» al condenar por malversación a Junqueras y a los ex consejeros Romeva, Bassa y Turull. También incluyó en su demanda a tres «rebeldes» fugados de la Justicia: Puigdemont, Comín y Puig.
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