El Tribunal de Cuentas exige a Paradores contratar con «más transparencia» para evitar «discrecionalidad»

El Tribunal de Cuentas exigirá a la empresa pública Paradores, encabezada por la ex ministra de Transportes socialista Raquel Sánchez, que realice las licitaciones con «mayor transparencia» para evitar la «discrecionalidad» a la hora de escoger a la empresa adjudicataria de los contratos. Esta exigencia llega después de que el órgano fiscalizador de las cuentas del Estado criticase los procedimientos durante la presidencia de Óscar López, ministro de Transformación Digital y para la Función Pública. El Tribunal de Cuentas lo hará a petición de la Comisión Mixta de Congreso y Senado para las relaciones con el órgano jurisdiccional.

La resolución emitida por los miembros de las Cámaras Alta y Baja ha analizado el informe de fiscalización de la contratación de Paradores de Turismo de España de 2020 y 2021. En ese período, la empresa pública estuvo presidida por Óscar López.

La Comisión Mixta muestra «su acuerdo» con los datos que aparecen en el informe, pero afea al Tribunal de Cuentas que no pidiera a López presentar sus explicaciones. «Debería de haber exigido a los Presidentes de Paradores en los ejercicios 2020 y 2021 que, debido a los reiterados incumplimientos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público habidos en el período, fueran ellos quienes manifiesten sus alegaciones, y los motivos que los llevan a asumir esos incumplimientos».

A ojos de los representantes políticos, no tendría que haberse amparado «en la persona que dirige Paradores de Turismo de España S.M.E., SA, cuando el Tribunal de Cuentas revisa el informe».

Y es que el Tribunal de Cuentas asestó un duro varapalo a López en 2024 por el descontrol en la contratación de Paradores. Señaló que en dos años se firmaron 329 contratos menores, es decir, adjudicados a dedo, sin libre concurrencia de cualquier empresa. Sumaban un importe total de 3,8 millones de euros. Además, el 36% de los contratos menores fiscalizados no se autorizaron de conformidad con lo dispuesto en el manual de gestión de la entidad.

«Mayor transparencia»

La resolución, que hará suya el Tribunal de Cuentas, exige a Paradores «adoptar medidas para garantizar una mayor transparencia en los criterios de valoración incluidos en los pliegos de condiciones de contratación mediante el establecimiento de subcriterios, que reduzcan la discrecionalidad que existe en la asignación de puntuaciones».

De ese modo, el órgano instará, a petición de la Comisión Mixta, a «adoptar medidas que garanticen que no existen expedientes como los detectados por el Tribunal de Cuentas en los que no se pueda considerar justificada tal necesidad». Es decir, que no se repita la situación vivida durante la presidencia de Óscar López en la empresa pública.

Asimismo, se pedirá a Paradores más «homogeneidad de los proveedores». Todo ello se pondrá en práctica con una «ampliación de la muestra más representativa de productos» y estableciendo «unos mínimos de calidad».

A su vez, para evitar lo que ocurrió durante la etapa de López al frente de Paradores, la Comisión Mixta reconoce que debe «exigir el número de ofertas necesario en la contratación menor», que es de la que se abusó durante ese período de tiempo, tal y como consta en los informes del Tribunal de Cuentas.

Para conseguirlo, establece que deberá garantizar que la «solicitud de ofertas en la contratación menor, como buena práctica de gestión contractual, quede debidamente acreditada en el expediente».

Petición de más informes

A su vez, el Congreso y el Senado solicitan al Tribunal de Cuentas que «a la vista de los incumplimientos registrados», realice un «Informe de fiscalización de Paradores de Turismo de España S.M.E., SA de los ejercicios 2022, 2023 y 2024, pudiendo comprobar así que las condiciones de contratación se han corregido y actualmente se cumple».

Todas estas peticiones del organismo integrado por diputados y senadores quedarán plasmadas en un Programa de fiscalizaciones que anualmente establece el Tribunal de Cuentas. Tal y como reconoce el órgano jurisdiccional español, las Cortes Generales pueden solicitar «la realización de actuaciones fiscalizadoras concretas, mediante resoluciones», tal y como ha hecho la Comisión Mixta.

El Tribunal debe «incorporar dichas iniciativas a su Programa de fiscalizaciones, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y la planificación de sus procedimientos fiscalizadores».