España
Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas avisa que Iceta reparte al cine 116 millones al año sin un plan de control

Los auditores localizan "deficiencias" en el control de eficacia y supervisión de las subvenciones a directores de cine

Los fiscalizadores alertan: suben la ayudas al cine y cierran las salas y caen los espectadores

Varapalo del Tribunal de Cuentas al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo adscrito al Ministerio de Cultura, liderado por Miquel Iceta. En un informe aprobado este jueves, el organismo fiscalizador detecta «importantes deficiencias» al otorgar las ayudas estatales al cine que alcanzan 116 millones al año. «No se ha realizado el control de eficacia» de estas subvenciones, al que obliga la legislación española. «Ni en los ejercicios fiscalizados, ni con anterioridad, el ICAA contaba con el plan de actuación al que se refiere la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, por lo que el control de eficacia no se ha llevado a cabo», concluye.

«El sistema de gestión de subvenciones presenta importantes deficiencias y debilidades», dice el Tribunal de Cuentas sobre el organismo que depende de Miquel Iceta. El descontrol llega a un aspecto crítico: la gestión de la devolución del dinero cuando no se cumplen los objetivos y la interposición de sanciones. Además, «no se ha definido una estrategia de recursos humanos adecuada a las funciones del ICAA».

Llama la atención que este organismo público «no ha realizado las comprobaciones para verificar las ayudas establecidas en la ley». Se subvencionan más de la mitad de los largometrajes nacionales y se deja fuera al 34%. No obstante, «el número de salas de cine, pese a las ayudas, se ha reducido hasta las 710 en 2021». También se señala «la caída constante de espectadores producida a partir de 2015 (18,6 millones), evidenciándose los efectos de la pandemia de Covid-19 en los últimos ejercicios».

Bajada de espectadores

Por el contrario, se aplaude que «del análisis de las películas más taquilleras se observa un incremento continuado en la financiación del ICAA de aquellas producciones que logran atraer el mayor interés de los espectadores». En relación al número de festivales nacionales promovidos por el ICAA, sufrió «un importante descenso a partir de 2010 (158 festivales), que ha empezado a remontar en el año 2020 (62 festivales)».

Extracto del informe del Tribunal de Cuentas.

En todo caso, en los últimos 20 años, el número de empresas productoras ha crecido de forma constante, «alcanzando su máximo al final del periodo fiscalizado (402 empresas), si bien acusó un descenso en 2020, ejercicio afectado por las especiales circunstancias derivadas de la pandemia».

El análisis de las memorias de los dos programas presupuestarios en cuestión refleja que hay un «amplio margen de mejora en la información que estas pueden suministrar». No se individualizan los objetivos del ICAA y no se aprecia «una relación suficiente entre el contenido de dicha memoria y las líneas de subvención que recibieron fondos procedentes de este programa».

Recomendaciones no atendidas

El informe refleja que en 2018 la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó unas recomendaciones. Pero ahora se lamenta: «No se han constatado avances en la definición de una estrategia de recursos humanos orientada a disponer de los medios necesarios para el desempeño de sus funciones». Sin embargo, sí se han constatado «avances significativos en la elaboración de un instrumento de planificación de subvenciones».

Igualmente, el Tribunal de Cuentas alerta a Miquel Iceta y al Gobierno que la aplicación informática para la gestión y el seguimiento de las subvenciones denominada Gestión Integral del ICAA presenta «debilidades y deficiencias»: «No cumple con algunos estándares del Esquema de Seguridad Nacional, no admite la tramitación de todas las ayudas, impide la generación de informes para la toma de decisiones y presenta limitaciones que afectan a la seguridad e integridad de los datos».

Se habla también de «ausencia de comprobaciones» sobre la situación legal de las productoras, «falta determinada documentación exigida por la normativa reguladora para la adecuada justificación de dichas subvenciones» y, entre otros aspectos, «elevados plazos de resolución de los recursos administrativos (duración media de 397 días)».

«Riesgo global cercano a alto»

Por otro lado, las modificaciones introducidas para incrementar el número de mujeres directoras de obras cinematográficas no han cumplido las expectativas: el porcentaje de directoras ha bajado comparando 2021 con 2019. «La supervisión continua encomendada a la Intervención General de la Administración del Estado muestra un riesgo global medio cercano a alto», zanja el Tribunal de Cuentas en las conclusiones consultadas por OKDIARIO.