El Tribunal de Cuentas rectifica y acepta que se paguen con dinero público los avales del ‘procés’

El Tribunal de Cuentas ha aceptado los avales propuestos por la Generalitat de Cataluña para hacer frente a las fianzas impuestas a los 34 ex altos cargos independentistas investigados por el presunto uso irregular de fondos para la acción exterior del procés. De este modo, el órgano fiscalizador cambia de criterio después de que PSOE y PP pactaran el pasado octubre la renovación del total de sus miembros y permite que la Generalitat avale con dinero público a los secesionistas.

Hace apenas cinco meses, el Tribunal de Cuentas rechazó los avales presentados por ex miembros del Govern catalán, entre ello Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras. La entonces instructora de este caso, Esperanza García, no admitió que fuera la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), quien presentara los citados avales, al entender que «el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado». Es decir, la consejera consideraba que los avales no eran aceptables porque el desvío de fondos se había llevado a cabo con intención expresa.

«En relación con el contexto, cuyo ámbito no puede desligarse del sistema de responsabilidad judicial, penal y contable existente en nuestro Ordenamiento Jurídico y en el propio objeto del Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, cabe concluir que el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos (…) no puede quedar legalmente amparado», precisaba.

Una decisión de la que ahora difieren los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas, cuya composición cambió tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para renovar al total de sus consejeros. Los nuevos miembros de este órgano consideran que los avales de los independentistas proporcionan garantía legal suficiente y que, en caso de dictarse sentencia condenatoria, los fondos públicos gastados de forma irregular podrán ser recuperados.

La decisión tomada este lunes por la Sección de Enjuiciamiento de aceptar los avales presentados por la Generalitat evita, asimismo, el embargo de los bienes de los ex altos cargos independentistas investigados, que ya había sido acordado por la instructora pero que nunca llegó a ejecutarse.