El Constitucional admite a trámite la impugnación del Gobierno a la candidatura de Puigdemont

El Tribunal Constitucional ha aceptado este jueves a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la candidatura en ausencia de Carles Puigdemont a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. La vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha celebrado la decisión del TC sobre la impugnación. «Hicimos lo que teníamos que hacer», ha dicho.

A instancias de la Abogacía del Estado, el Ejecutivo presentó el 26 de enero un recurso pidiendo la nulidad de la designación de Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat y la consiguiente convocatoria de un Pleno, cuatro días después, para elegirle.

Sin embargo, el Alto Tribunal no se pronunció sobre la suspensión de la candidatura de Puigdemont pero, como medida cautelar, ordenó impedir el Pleno si el ex president trataba de ser investido a distancia. Ahora, oídas a las partes personadas, el TC ha resuelto admitir a trámite el recurso del Ejecutivo porque plantea cuestiones de interés general que justifican que no se declare la extinción del referido proceso.

«Había motivos suficientes»

Nada más conocer la noticia, Santamaría ha aplaudido la decisión del Constitucional, al que el Gobierno recurrió en su día para «evitar» que Puigdemont fuera investido presidente de la Generalitat por el Parlamento catalán.

«El Gobierno fue con muy pocos apoyos a ese recurso y fueron muchos los que criticaron esa decisión. Pues bien, hoy se ha demostrado que el Gobierno hizo lo que tenía que hacer y que había motivos suficientes para que ese recurso fuera admitido a trámite», ha manifestado en los pasillos del Congreso.

Dentro del «máximo respeto a la Justicia», Santamaría ha querido poner en valor que cuando un Gobierno actúa «buscando un interés superior, como es que una persona fugada de la Justicia no pueda ser presidente de la Generalitat, al final esas cosas acaban teniendo un resultado en defensa de la legalidad y de los derechos de todos los parlamentarios catalanes».