El Tribunal Constitucional admite revisar al Supremo en los despidos de militares mayores de 45 años

El Tribunal Constitucional revisará la providencia del Tribunal Supremo que denegó la admisión del escrito presentado por la Asociación Militar de Tropa y Marinería (AMTM) como trámite previo al recurso de casación.

El pasado 29 de enero, el Constitucional comunicó a la magistrada designada como ponente quien deberá pronunciarse sobre si ha existido una vulneración de derechos fundamentales de los militares en su acceso a la tutela judicial efectiva -recogida y reconocida a todos los españoles en el artículo 24 de la Constitución- tal y como alegan los mismos.

En caso afirmativo, el Supremo deberá revocar la decisión emitida por la Sección 3ª, Sala 1ª de lo contencioso-administrativo, con la que el alto tribunal concluía la posibilidad de que los miembros no funcionarios del Ejército, vinculados a Defensa en régimen no permanente, pudiesen continuar litigando por su causa.

Del incidente de nulidad que resolverá el Constitucional depende que los militares puedan recurrir en casación ante el Supremo 

Los militares profesionales llevan años denunciando que, en función de la legislación vigente, Defensa estaría diferenciando al personal militar de base en función de la modalidad laboral que los vincula. Dicha situación está permitiendo que se produzcan despidos masivos de todos aquellos efectivos que, una vez cumplidos los 45 años, mantienen compromisos de larga duración con la institución.

A finales del año 2016, profesionales de los diferentes ejércitos tomaron la decisión de judicializar lo que califican como una situación de «desigualdad» y «discriminación», prolongada en el tiempo, entre «trabajadores de la misma escala y con idénticas funciones pero con diferentes relaciones de servicio». Para ello, la Asociación Militar de Tropa y Marinería (AMTM) inició, vía administrativa, un procedimiento con el que persiguen obtener respaldo judicial a sus reivindicaciones.

Ahora será la primera vez que el Constitucional se pronuncie formalmente, aunque no sobre el fondo, al respecto de la cuestión del régimen de contratación del personal temporal, que mantiene a parte de los trabajadores del Ministerio de Defensa en una batalla jurídica inédita hasta la fecha.

El objetivo de los afectados es obtener un pronunciamiento positivo del Tribunal Constitucional, en esta ocasión, que les permita continuar con el recurso ordinario de casación ante el Tribunal Supremo, hasta agotar todas las instancias de la Justicia española.

Si en la misma no encontrasen una sentencia favorable, los militares concluirán su periplo judicial en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo donde aspiran a, en último término, obtener una resolución que les permita recuperar las compensaciones que no han percibido hasta la fecha, así como exigir un cambio legislativo urgente respecto de la regulación actual.