Tres mil familias de muertos por coronavirus se querellan contra el Gobierno por ocultar la emergencia sanitaria

Un total de 3.268 personas «cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del COVID-19» se querellan contra el Gobierno, ante el Supremo, por haber hecho «caso omiso» a las advertencias de las autoridades sanitarias internacionales, «ocultando cualquier información a los ciudadanos sobre dicha emergencia» y las graves consecuencias de la misma en nuestro país. En el escrito presentando este lunes en el Alto Tribunal, al que ha tenido acceso OKDIARIO, un total de 11 abogados piden que se juzgue a Pedro Sánchez y sus 22 ministros por incumplir sus obligaciones como Ejecutivo, «por la tardía adopción de las medidas» y, por la «negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia del Coronavirus».

Aunque por el momento son 92 particulares quienes están personados en la querella registrada ante la Sala Segunda de lo Penal, las 3.176 restantes se sumarán a la misma una vez hayan «podido obtener el Certificado Médico de Defunción, necesario para poder acreditar la muerte» de sus familiares, y la causa de la misma, avanzan los letrados.

Para todos los afectados, el Consejo de Ministros, con el presidente Sánchez al frente, dejó de adoptar «las medidas adecuadas para impedir o frenar la expansión del virus Sars-Cov-2 en España», y por ello son «conjunta y solidariamente», responsables de un delito de homicidio múltiple por imprudencia, que está castigado con penas de prisión. 

La querella solicita al Supremo -donde están aforados todos los miembros del Gobierno- que pida al Gobierno todos los documentos e informes oficiales sobre la pandemia con los que contaba, desde el minuto uno de la misma, así como las cifras oficiales de contagios y fallecimientos.

Permitieron las marchas del 8-M

Los miembros del Gobierno no sólo «negaron la propagación» del virus en España cuando ya había más de 30 contagiados identificados sino que evitaron tomar «medida alguna de contención», permitiendo «a finales de febrero y durante la primera semana de marzo multitud de concentraciones y manifestaciones». Entre ellas las marchas del 8-M «fomentadas activa y públicamente por varias de las querelladas», entre las que se encuentran las ministras Irene Montero, Carmen Calvo, Carolina Darias e Isabel Celaá», añaden los abogados en la querella.

En concreto, se refieren de manera expresa «a las celebradas en las ciudades de Madrid y Barcelona», donde asistieron «según datos de las respectivas delegaciones del Gobierno, 120.000 y 50.000 personas», respectivamente. Y, en particular, a la de la capital, «asistieron varios de los querellados y sus familiares, llegando a contagiarse muchos de ellos, como ha resultado notorio, a pesar de ir provistos casi todos ellos de guantes de protección» de los que carecían el resto de participantes.

Las familias aseguran que el Gobierno «conocía el riesgo que corrían los ciudadanos» a quienes no dieron la información necesaria para que tomaran conciencia de ello. Es decir, el Ejecutivo «al parecer decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas», denuncian ante los magistrados de la Sala Segunda del Supremo.