España
Tribunal Supremo

Tres mil familias de muertos por coronavirus se querellan contra el Gobierno por ocultar la emergencia sanitaria

El escrito presentado ante el Tribunal Supremo asegura que Pedro Sánchez y sus 22 ministros son "conjunta y solidariamente" responsables de un delito de homicidio por imprudencia", castigado con penas de prisión. 

Un total de 3.268 personas «cuyas familias han perdido a 3.274 familiares como consecuencia de la epidemia del COVID-19» se querellan contra el Gobierno, ante el Supremo, por haber hecho «caso omiso» a las advertencias de las autoridades sanitarias internacionales, «ocultando cualquier información a los ciudadanos sobre dicha emergencia» y las graves consecuencias de la misma en nuestro país. En el escrito presentando este lunes en el Alto Tribunal, al que ha tenido acceso OKDIARIO, un total de 11 abogados piden que se juzgue a Pedro Sánchez y sus 22 ministros por incumplir sus obligaciones como Ejecutivo, «por la tardía adopción de las medidas» y, por la «negligencia de sus actos y omisiones para conseguir frenar, reducir y paliar en toda la nación los efectos de la epidemia del Coronavirus».

Aunque por el momento son 92 particulares quienes están personados en la querella registrada ante la Sala Segunda de lo Penal, las 3.176 restantes se sumarán a la misma una vez hayan «podido obtener el Certificado Médico de Defunción, necesario para poder acreditar la muerte» de sus familiares, y la causa de la misma, avanzan los letrados.

Para todos los afectados, el Consejo de Ministros, con el presidente Sánchez al frente, dejó de adoptar «las medidas adecuadas para impedir o frenar la expansión del virus Sars-Cov-2 en España», y por ello son «conjunta y solidariamente», responsables de un delito de homicidio múltiple por imprudencia, que está castigado con penas de prisión. 

La querella solicita al Supremo -donde están aforados todos los miembros del Gobierno- que pida al Gobierno todos los documentos e informes oficiales sobre la pandemia con los que contaba, desde el minuto uno de la misma, así como las cifras oficiales de contagios y fallecimientos.

Permitieron las marchas del 8-M

Los miembros del Gobierno no sólo «negaron la propagación» del virus en España cuando ya había más de 30 contagiados identificados sino que evitaron tomar «medida alguna de contención», permitiendo «a finales de febrero y durante la primera semana de marzo multitud de concentraciones y manifestaciones». Entre ellas las marchas del 8-M «fomentadas activa y públicamente por varias de las querelladas», entre las que se encuentran las ministras Irene Montero, Carmen Calvo, Carolina Darias e Isabel Celaá», añaden los abogados en la querella.

En concreto, se refieren de manera expresa «a las celebradas en las ciudades de Madrid y Barcelona», donde asistieron «según datos de las respectivas delegaciones del Gobierno, 120.000 y 50.000 personas», respectivamente. Y, en particular, a la de la capital, «asistieron varios de los querellados y sus familiares, llegando a contagiarse muchos de ellos, como ha resultado notorio, a pesar de ir provistos casi todos ellos de guantes de protección» de los que carecían el resto de participantes.

Riesgo 

Las familias aseguran que el Gobierno «conocía el riesgo que corrían los ciudadanos» a quienes no dieron la información necesaria para que tomaran conciencia de ello. Es decir, el Ejecutivo «al parecer decidió anteponer sus intereses por encima de la salud de las personas», denuncian ante los magistrados de la Sala Segunda del Supremo.

«En toda España se celebraron manifestaciones y concentraciones» convocadas por organizaciones agrarias en defensa de sus intereses,»mascletás» y festivales autorizados por las autoridades valencianas y actos políticos como el mítin de Vox en Vistaalegre», describen los abogados que representan a las familias afectadas.

 

Además, añaden: «No se impidieron ni cancelaron los vuelos con origen o destino a Italia hasta el día 10 de Marzo, permitiendo que los ciudadanos de estos países se desplazaran sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de medidas de control y protección de ingreso en España y viceversa, cuando era ya de conocimiento público el hecho de que China, y después Italia, estaban ya sufriendo fuertemente la epidemia y no era sanitariamente recomendable viajar a dicho país, ni dejar sin control las entradas y salidas entre España e Italia, no sólo por protección de los ciudadanos sino también de los funcionarios de los Cuerpos de Seguridad que prestan sus servicios en puesto fronterizos, estaciones, aeropuertos, …».