Tres figuras clave en el jaque al 1-O han muerto durante el proceso judicial al golpismo

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 05/11/2018 00:06
  • Actualizado: 05/11/2018 09:46

El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -quien lanzó la mayoría de las diligencias clave contra los golpistas del 1-O tras la querella de Vox-, Juan Antonio Ramírez Sunyer, ha muerto este domingo a los 71 años. La causa de su muerte ha sido la enfermedad. Su capítulo no es aislado. Desde que empezó el proceso contra el golpismo separatista han fallecido también por enfermedad el fiscal general del Estado José Manuel Maza y el fiscal superior de Cataluña José María Romero de Tejada, dos figuras igualmente clave en la lucha contra los organizadores del referéndum ilegal.

Ramírez Sunyer ha sido, de hecho, la gran pesadilla de los separatistas. Cuando aún no se había celebrado el referéndum ilegal, Vox se tomó en serio las declaraciones del juez Santiago Vidal, aquellas en las que hablaba de que ya tenían listados de votantes, de jueces y de funcionarios en general dispuestos a respaldar el golpe, y de que tenían ya avanzados los trámites para realizar el referéndum ilegal, incluido un censo inconstitucional de votantes. Un juez les escuchó y aceptó su querella.

Ese juez era Ramírez Sunyer. Y él fue, de hecho, quien ordenó el registro del Departamento de Economía aquel 20 de septiembre de 2017 gracias al que se detectó la hoja de ruta del golpe: el documento Enfocats, donde aparecían relatados los participantes del Comité Ejecutivo y de Dirección del golpismo separatista, así como los pasos a dar y las fechas a respetar para conseguir su objetivo. Ese documento fue la base de las imputaciones contra Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y el resto de líderes del referéndum ilegal.

Las quejas de los separatistas por la decisión de este juez nunca se ocultaron. De hecho, los abogados de los investigados plantearon recursos para librarse de él y Ramírez Sunyer, temiendo que sus acciones pudiesen triunfar, no dudó, incluso, en retrasar una operación de apendicitis para no frenar las diligencias decisivas contra los golpistas. Ramírez Sunyer tuvo que aguantar ser marcado en su vivienda por este motivo y hasta tener que abandonar su domicilio de alquiler por las presiones al casero.

José Manuel Maza, el que fuera fiscal general del Estado igualmente clave frente al golpismo, murió previamente. Lo hizo en una semana de visita a Argentina. Y lo hizo después de lanzar el caso en el Tribunal Supremo bajo la acusación de rebelión, justo lo que hoy quieren eliminar del caso los separatistas.

Maza moría en noviembre del pasado año, repentinamente, en la tarde de un sábado en una clínica de Buenos Aires, donde había sido ingresado el día anterior por un proceso infeccioso. Se sintió indispuesto mientras participaba en la Asamblea de Ministerios Públicos Iberoamericanos y los médicos decidieron ingresarlo inmediatamente. La causa: una insuficiencia renal aguda. Su estado era de cierta gravedad, pero, en principio, no se temía por su vida. Sin embargo, el proceso de infección renal se complicó, se generalizó y acabó con la vida del fiscal en la Clínica Bazterrica de Buenos Aires.

El tercer fallecido durante el proceso al golpismo fue José María Romero de Tejada, fiscal superior de Cataluña. Murió a los 69 años en Barcelona a causa de una neumonía agravada por una dolencia previa, según confirmó la Fiscalía General del Estado. Su muerte se produjo ocho días después de la del fiscal general Maza. Romero de Tejada, de hecho, había acudido el jueves antes al funeral de Maza. Luego cenó con un fiscal y un abogado de Cataluña, dieron un paseo por Madrid y al día siguiente se sintió mal y fue ingresado de inmediato en la clínica del Pilar. Allí falleció.

Romero de Tejada había sido clave en respaldar las acusaciones lanzadas precisamente en la sala de Ramírez Sunyer. Y era, igualmente, uno de los odiados por el separatismo.

Todos ellos han recibido los ataques públicos y visibles en los medios y las calles por parte de los separatistas. Todos ellos, al igual que el juez Pablo Llarena, cuya familia relató lo que era vivir bajo esa presión sobre ellos y sus familias.