España

Todos los mandos policiales en Cataluña han sido aleccionados contra el espionaje de los Mossos

La Policía descubre que 80 mossos separatistas se dedicaban al espionaje político

Todos los mandos policiales destinados a Cataluña en los últimos años han sido aleccionados contra el espionaje de los Mossos. No se ha tratado de ningún programa oficial porque era preferible no plasmar la realidad en ningún documento, pero si de una advertencia que han recibido tanto los cargos destinados por La Guardia Civil, como los enviados por la Policía Nacional, al menos, en los últimos cinco años.

Porque todos ellos, nada más llegar a esta comunidad autónoma, eran advertidos de que unidades de espionaje político de los Mossos podían seguirles o intentar investigar sus movimientos, reuniones o conversaciones, tal y como le paso al policía nacional Giménez Raso.

Las advertencias sobre la existencia de esos espionajes eran acompañadas de advertencias prácticas. Se les aleccionaba así para tener cuidado en sus conversaciones, en sus contactos, en sus actuaciones en situaciones que pudiesen ser grabadas por los Mossos, para evitar que sus correos electrónicos pudiesen ser violados, etc. Y, en especial, se les alertaba del trabajo de una unidad concreta de los Mossos: la UCRO, una unidad donde se encontraba el epicentro del espionaje político y social.

Hoy se sabe ya que las advertencias que recibían los Mossos no iban desencaminadas. Porque los Mossos d’Esquadra han espiado efectivamente a policías y a decenas de asociaciones civiles constitucionalistas de todo tipo e ideario, desde hermandades de legionarios a movimientos provida, pasando por Sociedad Civil Catalana o los responsables de Dolça Cataluña.

Así se se ha confirmado ya con la documentación incautada a los Mossos por la Policía por orden de la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando iba a ser incinerada en el municipio de Sant Adrià del Besòs en octubre del pasado año a la que ha tenido acceso OKDIARIO .

Los documentos muestran el seguimiento efectuado a Sociedad Civil Catalana, el Movimiento cívico de España y Catalanes Somatemps, Españoles de a pie junto con otras como Hazte Oir ORG, la Traca, Dolça Cataluña, Comunión Tradicionalista, Plataforma.cat o la Hermandad de Caballeros Legionarios.

A ellos se añaden establecimientos como el restaurante La Camarga, donde fueron grabadas Victoria Álvarez y la dirigente del PP Alicia Sánchez Camacho; las empresas CENYST Consultoría Organizacional; Servicios de Investigación y Detección; Stuar & Mackenzie; Bunker Detect; Castor & Poloux Consulting y Deseinco Bcn.

Espionaje a Guardia Civil y Policía

Pero también se emplearon con especial dedicación los Mossos d’Esquadra espiando a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional durante la celebración del referéndum ilegal de 1 de octubre identificándoles en clave como “banderines” y “escudos”, respectivamente.
Así lo desvelaba la Fiscalía de la Audiencia Nacional en un informe de 35 páginas remitido a la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, en el que el Ministerio Público señalaba que “de mayor gravedad son actuaciones en las que Mossos d’ Esquadra, de paisano y con vehículos camuflados, controlaron los dispositivos del CNP (Cuerpo Nacional de Policía) en horas previas a la apertura de colegios electorales, alertando a los responsables de las mesas de dichos dispositivos. Estas actuaciones podrían considerarse como elementos necesarios para la ejecución del referéndum ilegal”.

Y, por si fuera poco, los Mossos también espiaron más de 30 bases de datos catalanas y nacionales para tener datos privados de toda la población en general. Entraron en ellas y volcaron datos de sensibles de la inmensa mayoría de los habitantes catalanes, tal y como revela la documentación a la que ha tenido acceso este diario.

El listado de bases de datos públicas –protegidas todas ellas por la Ley de Protección de Datos– que fueron espiadas es prácticamente inacabable. El accedo a los datos no se obtuvo exclusivamente en la recta final del golpe. Todo lo contrario. El listado de bases de datos que tenían orden de reventar y vulnerar está fechado el 17 de febrero de 2012. Cinco años y medio antes de que la información extraída fuese empleada en el golpe separatista del 1-O y de que se pudiese comprobar que, efectivamente, la Generalitat contaba con un censo ilegal.

El informe policial elaborado a raíz de la incautación de este material detalla que el documento en cuestión es el Informe de los Mossos con fecha 17 de febrero de 2012 donde se señala como asunto “acceder a las bases de datos externas”. En dicho informe se aclara que “las Comisarías Generales y la División de Información indicaban a qué bases de datos externas interesaba acceder”. Es decir, que se trataba de una orden directa de la cúpula de los Mossos.

A partir de ahí, el informe policial recoge el siguiente e inacabable listado:
“Registro de personas aseguradas (Servicio Catalán de la Salud). Bases de datos del Departamento de Salud (que permita consultar domicilio teléfono y dónde fue atendido). Registro de alumnos matriculados – Educación. Expedientes sancionadores por expedientes de tráfico – Servicio Catalán de Tráfico. Bases de datos TEMIS 2 – Justicia. Fichero único de prestaciones de carácter Económico – Bienestar social. NIE. ADEXTRA. Base de datos de subvenciones del Departamento de Economía y Finanzas. Base de datos de centros religiosos. Servicio de Ocupación de Cataluña. Registro Mercantil. Agencia Tributaria de Cataluña. Instituto Nacional de Estadística. Oficinas de Trabajo de la Generalitat (ver vida laboral y lugar de trabajo). DNI. TIRCE. Registro civil. Intervención de armas. UNESPA. Catastro. Registro de cooperativas. Registro de entidades y asociaciones. Registro de fundaciones. Bienestar social. Cámara de Comercio. Incasol. Registro de expedientes de menores. Informes de extranjería. Datos de ayuda social. Etc”.

Así hasta sumar en total 35 bases con datos judiciales, de salud, laborales, personales, con datos patrimoniales, fiscales, de situaciones de dependencia, de asociación ideológico sindical o hasta religiosa. Con información educativa y hasta de multas de tráfico.