El TC tramita la desobediencia del Parlament por la creación de la Comisión Constituyente

El Tribunal Constitucional da 10 días al fiscal y al Parlament para que presenten alegaciones antes de informar de un delito de desobediencia. El alto tribunal tramita desde este miércoles el incidente de ejecución por desobediencia que el Gobierno promovió contra el Parlament de Cataluña por la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

En caso de que el fiscal y el Parlament desoyeran o siguieran en sus trece con la creación de esta comisión se seguirían los pasos de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal aprobada por el grupo popular. Se avisaría a la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, y a los miembros de esa comisión de que pueden estar cometiendo delito de desobediencia.

El Gobierno pidió en enero al TC que anule la creación por el Parlament de la citada comisión, con el argumento de que infringe la reciente sentencia del tribunal de garantías que anuló la declaración independentista. En ese escrito el abogado del Estado señalaba que la citada comisión es «un acto frontal de desacato y de manifiesto incumplimiento». Por eso pedía al TC que «requiera a la señora presidenta del Parlament de Cataluña y a los miembros de la citada comisión» de que deben abstenerse de esa iniciativa e «impedir» cualquier otra que ignore la sentencia del Constitucional. Además, el TC debería apercibirles «de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir», pedía el Gobierno.

La reforma prevé que en este incidente el TC señale expresamente quién está obligado a cumplir sus resoluciones y, en este sentido, Forcadell, será protagonista. La ley señala, además, que todas estas previsiones se pondrán en marcha «sin perjuicio de que puedan exigirse las responsabilidades penales que correspondan». «En caso de advertirse que una resolución dictada en el ejercicio de su jurisdicción pudiera estar siendo incumplida, el Tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes del proceso en que hubiera recaído» pedirá explicaciones a la persona afectada y, en función de las mismas, adoptará las medidas previstas.

De este modo, la advertencia del tribunal de garantías a los implicados de que podrían estar cometiendo un delito de desobediencia está expresamente prevista en la reforma.

La diputada de la CUP llama a la desobediencia

La diputada de la CUP, Anna Gabriel, llamó este miércoles a la desobediencia diciendo que el aviso del TC no es nada nuevo. «Nada nuevo bajo el sol. Era de esperar «, lamentó Gabriel, que aprovechó para cargar contra el Estado asegurando que «el ordenamiento jurídico español se fundamenta en estas anomalías «. Gabriel ha pedido al Govern que se cumpla el texto de la resolución independentista del Parlament aprobada el 9 de noviembre, aunque el TC la considere «ilegítima».

Según la diputada de la CUP esta «ilegitimidad» se fundamenta en «un litigio competencial que se mueve en un marco autonómico, mientras nosotros caminamos en otra dirección». Así pues, ha explicado que a la hora de dibujar las políticas públicas, los soberanistas no se regirán por la legalidad española, sino por la hoja de ruta independentista.

«Entendemos que desoír lo que dice el TC es hacer lo que el consejero prometió» porque no hacerlo «significa reconocer que esta institución tiene alguna ascendencia sobre la mayoría parlamentaria», señaló. Reitera su desobediencia diciendo que «estaremos al lado de la consejería y del consejero para ir adelante».