El Supremo tumba los recursos de Vox y CS contra los indultos de los golpistas Sánchez y Cuixart

El Tribunal Supremo ha tumbado este jueves los recursos presentados por Vox y Ciudadanos contra los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó en 2021 a dos de los golpistas catalanes. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado sin entrar en el fondo la petición de esos partidos sobre el perdón del Ejecutivo de PSOE y Podemos al ex presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart y al ex secretario general de Junts y ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. Los jueces consideran que Vox y CS no tienen legitimación para pedir la ilegalización de esos indultos.

La decisión ha corrido a cargo de los magistrados Wenceslao Olea, Inés Huerta, Ángel Arozamena, Ángeles Huet y Pablo Lucas. Aunque el ex presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes también integraba esta sala, se abstuvo de este asunto, por lo que para este debate ha estado liderado por el jefe de la Sala Tercera, Pablo Lucas.

Inicialmente los magistrados han estudiado si los partidos políticos pueden recurrir o no. Se ha descartado que estas formaciones políticas tengan legitimidad para elevar al Alto Tribunal esta acción del Gobierno de beneficiar a los políticos y activistas catalanes protagonistas del procés. Ya sucedió así hace unos meses en otros recursos similares.

Inicialmente, en enero de 2022, el Supremo determinó que PP, Ciudadanos y Vox no estaban facultados para recurrir los indultos al considerar que carecían de un interés legítimo para ello. No obstante, en mayo, cuatro meses después, y tras cambios en la composición de la Sección Quinta, los magistrados rectificaron y estimaron los recursos de las formaciones políticas, anticipando que se pronunciarían sobre la legitimación al dictar sentencia, es decir, este jueves. Ahora vuelven a su posición inicial y no han entrado en el fondo de las alegaciones realizadas por los de Santiago Abascal y Adrián Vázquez.

Ambas formaciones querían que los indultos quedase anulados y, en el escenario más extremo, conducir al reingreso en prisión de los Jordis. Apostaban, por un lado, a que los magistrados entendieran que el Gobierno no explicó suficientemente el porqué de los indultos. De esta forma se volvería al punto de salida: los indultos volverían a la mesa del Consejo de Ministros para que diera una nueva argumentación.

Del mismo modo, los recurrentes tenían la esperanza de que los magistrados dieran otras razones y los indultos quedasen anulados directamente y la última palabra sobre los efectos de este fallo la tendría el tribunal que juzgó y condenó el ‘procés’, que tendría que determinar la pena pendiente para su regreso a la cárcel.

Sedición

Por otra parte, cabe recordar que Cuixart y Sànchez fueron condenados por sedición pero, en el contexto de la revisión de sus condenas tras la reforma del Código Penal por la que se derogó ese delito, la Sala de lo Penal apreció en ellos conductas propias de desórdenes públicos, ilícito castigado igualmente con cárcel e inhabilitación. Este cambio se tradujo en la extinción de las condenas de inhabilitación, que eran de 9 años para ambos.

Así, en esta tesitura, el tribunal del procés tendría que revisar la pena de prisión (9 años cada uno) que les trasladó en 2019 por sedición para ajustarla al nuevo Código Penal.

Junqueras

Tras este primer pronunciamiento del Supremo sobre los indultos al procés, la Justicia tendrá que resolver los restantes recursos. Previsiblemenente el fallo de hoy podría augurar la respuesta del Supremo al resto. Quedá por ver la fecha para deliberar sobre las impugnaciones lanzadas contra el perdón al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

Los cuatro políticos fueron condenados por malversación y sedición, si bien posteriormente este segundo delito se sustituyó por el de desobediencia y el primero, penado con cárcel e inhabilitación, se mantuvo.

En mayo, el Supremo acordó el archivo de los recursos interpuestos contra los indultos a la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull, sentenciados a penas de entre 10 y 11 años y medio de cárcel por el ‘procés’, al considerar que habían perdido su objeto por la derogación del delito de sedición al que fueron condenados.