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Congreso de los Diputados

El Supremo reprende al Gobierno de Sánchez por ocultar a Vox en el Congreso datos sobre sus asesores

Otro revés del Tribunal Supremo al Gobierno de Pedro Sánchez en materia de transparencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Alto Tribunal ha estimado el recurso presentado por varios diputados de Vox contra una resolución del Ejecutivo que les denegaba información parlamentaria sobre los asesores de la Delegación del Gobierno en Extremadura, fundamentalmente sobre su formación y las funciones que desempeñan en la Administración Sánchez.

La propia secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, firmante del recurso, se ha hecho eco en redes sociales de la resolución del Supremo, a la que ha accedido OKDIARIO. «El Gobierno de España se ha negado a darnos información durante todos estos meses. El grupo de Vox en el Congreso decidió denunciarlo ante el Tribunal Supremo. Primera vez que se iniciaba un recurso con este objeto como diputados nacionales», ha recalcado, valorando la admisión del recurso por el Alto Tribunal.

El Ejecutivo de PSOE-Podemos señaló a los diputados de Vox que no podía aportar la información reclamada por afectar a datos de carácter personal. Con posterioridad, cuando los diputados ya habían presentado el recurso contencioso-administrativo, la Abogacía del Estado planteó como posible solución que los recurrentes pudieran «consultar dicha información concertando una visita» a través de una dirección de correo electrónico y un teléfono adjuntos.

Sin embargo, el Supremo considera que el Gobierno de Sánchez ha infringido el derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución de los demandantes (derecho a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos), primero al denegar la información y después al ofrecer a los diputados demandantes como alternativa que concertasen una visita al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige la también portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez.

La Sala subraya que el contenido esencial del derecho fundamental infringido es el recogido en el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que señala que para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, los diputados, previo conocimiento del respectivo grupo parlamentario, tendrán la facultad de recabar de las Administraciones Públicas los datos, informes o documentos que obren en poder de éstas.

Derecho de los parlamentarios

Asimismo, los magistrados afirman que no se trata de un derecho ilimitado, ya que la Administración puede denegar la documentación o información interesada por «razones fundadas en derecho», pero que «deben ser explicadas debidamente y pueden ser de fondo o de forma. Esto es, pueden fundamentar la negativa a facilitar en todo o en parte la documentación o limitar el acceso a su consulta en aras de la protección de derechos de terceros o -lo que es lo mismo- de intereses generales de tal entidad que deban prevalecer sobre el derecho de los parlamentarios».

La sentencia de Supremo anula las dos resoluciones del Gobierno de Sánchez, requiere al Ejecutivo socialcomunista a entregar a los demandantes la información en plazo no superior a 30 días y le impone costas de hasta 2.000 euros. Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo indica que el pasado 8 de febrero deliberó y votó éste y otros recursos jurisdiccionales promovidos por integrantes del grupo parlamentario Vox de contra resoluciones semejantes a la ahora recurrida. El Alto Tribunal avanza que han estimado la mayoría de ellos.

También en redes sociales y en relación a ello, Olona ha apuntado: «¿Sabéis cuál es el siguiente recurso del que estamos pendientes de sentencia? La obtención de las actas de la UME cuando entraron en las residencias de ancianos. Los españoles tenemos derecho a la verdad. Y lo poco que he visto me ha helado la sangre. Tendréis todo. Palabra de Vox», ha manifestado.