El Supremo rectifica y revisará la legalidad de los indultos de Sánchez a los golpistas

El Tribunal Supremo cambia su criterio y decide revisar la concesión de los indultos a los líderes independentistas catalanes. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que finalmente ha estimado los recursos interpuestos por los demandantes contra su anterior decisión, que rechazaba su legitimación para recurrir las medidas de gracia otorgadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. 

Este cambio de parecer se produce apenas cinco meses después de que el propio Tribunal Supremo rechazara todos los recursos presentados contra los nueve líderes del procés condenados por sedición. Entonces, la Sala decidió por tres votos a dos estimar las alegaciones previas presentadas por la Abogacía del Estado, que argumentaba que ninguno de los recurrentes estaba legitimado para impugnar la medida de gracia. Unos días más tarde, sin embargo, tuvo lugar un cambio en la composición de los jueces encargados de dirimir este asunto, con la entrada de la magistrada Inés Huerta, que finalmente ha inclinado la balanza a favor de revisar los indultos a los independentistas catalanes.

Así, en esta ocasión, además de Huerta, han apoyado la admisión de los recursos, los magistrados Fernando Román y Wenceslao Olea, salvo el interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, rechazado por unanimidad. En contra, se han posicionado Octavio Herrero y Ángel Arozamena, que han anunciado la formulación de voto particular.

De este modo, el Tribunal Supremo finalmente estudiará si las medidas de gracia que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, a los ex consellers Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Form, Raül Romeva y Dolors Bassa, así como a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, fueron en realidad ajustados a Derecho.

Lo hará después de que PP, Vox, tres diputados de Ciudadanos, el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén recurrieran los reales decretos del Consejo de Ministros mediante los que se concedieron los indultos al considerarlos «un atropello democrático».

Aunque, en su día, Pedro Sánchez trató de justificar esa medida por razones de «utilidad pública», lo cierto es que, desde su concesión, han sido múltiples las ocasiones en las que se ha cuestionado la verdadera finalidad de la medida de gracia, toda vez los nueve líderes independentistas condenados nunca han mostrado su arrepentimiento.