El Supremo niega la suspensión de la condena a Homs y que pueda ser eurodiputado

El Tribunal Supremo se ha negado a la petición del ex consejero de Presidencia y ex diputado de PDeCAT Francesc Homs de que se suspenda su condena a un año y un mes de inhabilitación hasta que el Constitucional resuelva su recurso y también le ha señalado que esa pena le impide ser eurodiputado.

Al conocer su condena, Homs pidió al alto tribunal que aclarase si la pena «alcanza a las funciones de eurodiputado» u otros cargos ante las instituciones europeas.

El Supremo ha respondido que no hay duda de que la pena de inhabilitación especial le impide ser eurodiputado y otros cargos en las instituciones europeas. Además, se ha negado a suspender la ejecución de la condena hasta que se pronuncie sobre su recurso el Tribunal Constitucional.

Entretanto, el condenado Homs tratará de seguir en activo asesorando a las instituciones independentistas catalanas sobre el referéndum, que “se puede hacer y se hará“. OKDIARIO adelantó que PdeCAT pretendía tener a Homs como asesor externo, con cargo al presupuesto del partido, para saltarse la orden del Supremo.

“Tengo confianza en el presidente y en el Govern; si no, no me pondría a tus órdenes para ayudarte personalmente en lo que pueda y sepa”, dijo en su conferencia ‘De 9N al referéndum’, a la que también asistieron la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; los consellers Neus Munté, Meritxell Ruiz y Josep Rull; Marta Pascal, Jordi Turull (PDeCAT), Mireia Boya, David Fernàndez (CUP) y Lluís Salvadó (ERC).

Finalmente, y para evitar incompatibilidades con la sentencia, Homs lo hará gratis. El encargo consiste en asesorar personal y puntualmente a Carles Puigdemont cuando le pida opinión sobre asuntos políticos, y lo hará “a coste cero” después de ser inhabilitado por impulsar el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.

Homs ha ironizado sobre que no cobrará por su consejo a Puigdemont, para evitar “las investigaciones” de la Fiscalía, que considera que se están instigando desde el Estado para dañar al proceso soberanista.