El Supremo acorrala a Sánchez: imputa a su ex nº 2 y ex ministro Ábalos por corrupción

El Tribunal Supremo ha abierto una causa penal contra el diputado y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos por su «papel principal» en el entramado de Víctor de Aldama de presuntas comisiones millonarias en contratos del Gobierno de España. La Sala de lo Penal, que preside Manuel Marchena, como era de esperar, ha imputado al que fuera mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE y hombre fuerte en un ministerio clave, el que gestiona la adjudicación de contratos millonarios para levantar nuevas infraestructuras de todo tipo por todo el país. El Alto Tribunal aprecia indicios de varios delitos tras estudiar la exposición razonada de la Audiencia Nacional. Designa instructor al magistrado Leopoldo Puente y determina que el procedimiento contra personas no aforadas debe seguir en la Audiencia salvo cuando exista una conexión material inseparable entre investigados y el aforado.

El auto de la Sala, donde ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta –uno de los favoritos para sustituir a Manuel Marchena tras el fin de su mandato–, destaca que, en este momento procesal, les corresponde verificar si en la exposición que le ha sido remitida se consignan hechos que, según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos. Tras hacer un resumen del contenido de lo remitido por el juez de la Audiencia, la Sala concluye que «los hechos descritos, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación».

Cuatro delitos

«Resulta, pues, imprescindible –destaca el auto– continuar la investigación sobre los mismos y sobre la participación en ellos de la persona aforada D. José Luis Ábalos Meco, siendo competente para ello esta Sala». La asunción de la investigación se realiza por medio de la reapertura de una causa del año 2021, en la que se analizó la denuncia del abogado zaragozano Ramiro Grau contra Ábalos, y en la cual el Supremo declaró su competencia pero declaró su archivo. En marzo de este año, dicho abogado pidió la reapertura de la causa, y se le contestó, como desveló OKDIARIO, por providencia en el mes de septiembre que se estaría a la espera del resultado de la investigación que por los mismos hechos se seguía en la Audiencia Nacional.

En la exposición, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, trasladó que de las investigaciones se desprenden «indicios fundados y serios, una imputación clara y concreta o pruebas que evidencian la presunta participación de Ábalos» en los hechos. El juez instructor acusa al ex ministro de un presunto delito de pertenencia a organización criminal, destacando su papel principal en la red creada por el empresario Víctor de Aldama «para lograr contratos con Administraciones Públicas».

Asimismo, Ábalos es señalado por presunto tráfico de influencias, ya que se considera probada su intervención en la adjudicación de contratos de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, así como en la contratación de servicios por parte de las empresas públicas INECO y TRAGSATEC.

Por otro lado, el magistrado sostiene que Ábalos podría haber incurrido en cohecho, recibiendo como contraprestación por sus gestiones el uso de un chalet en La Alcaidesa y un apartamento en el Edificio Torre de Madrid, donde residió su ex pareja.

El caso fue remitido al Tribunal Supremo el pasado 23 de octubre por ser el órgano competente para ello por la condición de aforado de Ábalos como diputado, ahora, del Grupo Mixto. Este tribunal ha decidido ahora retener únicamente la parte de la causa referente al ex ministro y todavía diputado lo que conlleva que ahora tenga la condición de imputado.

La investigación se inició, tras una denuncia del PP de Isabel Díaz Ayuso en la Fiscalía Anticorrupción, en torno al negocio de las mascarillas, revelando una relación entre Aldama y un asesor del ministro en ese entonces, quien presuntamente recibía pagos de 10.000 euros mensuales para aprovechar la influencia de Ábalos en beneficio de Aldama y sus empresas.

Además, se descubrieron supuestas dádivas destinadas a Ábalos, como un chalet y el alquiler de un apartamento. Estos beneficios, según el juez, buscaban mantener la influencia sobre el ex ministro y su asesor. Por su parte él discute que recibiera esos regalos.

El juez resalta la permanencia de la organización criminal, integrada por al menos 10 personas, más allá de la firma de contratos, extendiéndose hasta 2022 e incluso después de la salida de Ábalos y su asesor del Ministerio. Las escuchas telefónicas revelaron todavía a principios de 2024 había maniobras para favorecer a la empresa Soluciones de Gestión SL.

La investigación también detalla cómo Aldama, gracias a contactos privilegiados, parece ser que anticipaba las necesidades de contratación de emergencia del Ministerio. Los indicios se basan en correos, declaraciones, intervenciones telefónicas y el análisis de dispositivos electrónicos.

El juez recoge en su informe al Supremo una auditoría encargada por el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que se señala que Ábalos o su equipo habrían gestionado contactos y negociaciones con Soluciones de Gestión, adaptando las condiciones de emergencia para favorecer a la empresa.