El Supremo confirma que la Generalitat discriminó a la Policía y Guardia Civil en la vacunación del covid

El Tribunal Supremo ha confirmado que el plan de vacunación de la Generalitat de Pere Aragonés fue «discriminatorio» para los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil destinados en Cataluña.

En una providencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la Sala de lo Contencioso-Administrativo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al considerar que dicho fallo recoge «sólidos razonamientos para llegar a la conclusión de que la administración autonómica no dispuso la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales».

Así, el Tribunal Supremo acuerda inadmitir el recurso de casación interpuesto por el Gobierno Catalán, que argumentaba que la diferencias en los ritmos de vacunación entre los cuerpos estatales y los Mossos d’Esquadra obedecía a «acontecimientos ajenos».

Un extremo que ya rechazó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que acreditó en la sentencia que ahora confirma el Tribunal Supremo la existencia de «una falta total de iniciativa en la administración autonómica respecto de la atención a los cuerpos nacionales». Ello, a pesar de que el documento de Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 en España preveía una posición prioritaria en el orden de vacunación para policías y otros servicios de emergencias. Un plan que, según indicaron los magistrados, no establecía «diferenciación alguna entre los cuerpos».

Discriminación 

En abril de 2021, Justicia Civil (Jucil), Justicia Policial (Jupol) y la Asociación de la Guardia Civil interpusieron un recurso contra la Consejería de Salud del Gobierno catalán porque en Cataluña no se había vacunado a Policía Nacional ni Guardia Civil, «salvo a aquellos que, además de estar en activo o en reserva, tuvieran una edad de entre 60 y 65 años».

La propia ministra de Sanidad, Carolina Darias, reconoció en rueda de prensa que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no habían sido vacunados en Cataluña en los términos en que sí lo habían sido en otras comunidades autónomas. Por ello, el Gobierno Central tuvo que asumir la responsabilidad de poner la vacuna contra el coronavirus a los miembros de Policía y Guardia Civil destinados en esta región.