El Supremo bendice la designación de la socialista Dolores Delgado como fiscal general del Estado

Dolores Delgado (Madrid, 1962), ex diputada del PSOE y ex ministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, seguirá como fiscal general del Estado después de que la Sala III del Tribunal Supremo haya  inadmitido este martes los recursos presentados por PP y Vox contra el Real Decreto de 25 de febrero de 2020 que le nombró para el cargo.

El Supremo ha rechazo los recursos por falta de legitimación activa de los dos partidos políticos que acudieron al tribunal para intentar tumbar el nombramiento. Dos magistrados, de los siete que han formado el tribunal, han votado en contra de esa decisión y han anunciado que emitirán voto particular. La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días.

El PP y Vox impugnaron la designación de Dolores Delgado ante el Tribunal Supremo por entender que no se ajustaba a los criterios de «idoneidad» e «imparcialidad» al haber sido ministra de Justicia con el PSOE y diputada socialista. Los magistrados no han entrado en el debate de fondo (si pasar directamente del ministerio a la Fiscalía quebrantaba la imparcialidad de Delgado) dado que el asunto ha quedado zanjado en el paso previo, al denegarse al PP y Vox legitimidad para recurrir el nombramiento.

Aunque fiscal de carrera, Dolores Delgado resultó elegida el 10 de noviembre de 2020 para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados. Ocupó el quinto puesto en la lista que Pedro Sánchez encabezó en Madrid. Dos meses después, la diputada socialista se convirtió en fiscal general del Estado. Sólo existía un precedente así en los últimos treinta años de democracia: cuando Felipe González nombró a Leopoldo Torres en 1990.

La gestión de Torres había sido la última del Ministerio Público bajo la dirección de un diputado del partido del Gobierno, hasta que Sánchez eligió a Delgado. Aunque la Fiscalía nunca ha estado a salvo de las críticas de politización y docilidad a las pretensiones del Gobierno de turno, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zaptero, ni Mariano Rajoy se atrevieron a tanto, a medida que la Fiscalía fue ganando autonomía frente al Ejecutivo.

Como en el caso de Torres, Delgado llegó a la Fiscalía General del Estado tras haber pedido el voto para el líder del partido que después le designó para el cargo. Y como Torres también, lo hizo con encomiendas de calado político: trabajar en lo que el PSOE, de acuerdo con ERC, convino en llamar como la «desjudicialización» del «conflicto político» en Cataluña.

La decisión del Supremo da carpetazo a las dudas sobre la legalidad de su designación y despeja el camino de la ex diputada y ex ministra socialista para seguir (salvo que el Tribunal Constitucional admita el recurso de amparo que el PP anuncia) en el desempeño del cargo y culminar así el objetivo de hacerse con el control de la cúpula fiscal mediante la promoción de afines a la asociación Unión Progresista de Fiscales, a la que Delgado pertenece.