El Supremo archiva la causa del senador Fernando Clavijo por delito de prevaricación continuada

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la causa contra el senador de Coalición Canaria (CC) y candidato a la Presidencia, Fernando Clavijo, al considerar que no existen indicios de un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con los decretos que dictó, desde 2011 hasta 2014, cuando era alcalde de La Laguna (Tenerife) para levantar los reparos de la Intervención General.

El Supremo ha tomado esta decisión tras analizar la exposición razonada enviada por la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna, en la que precisaba los indicios hallados en la investigación contra Fernando Clavijo. El tribunal concluye que los hechos recogidos «no revisten apariencia de delito» por entender que las resoluciones adoptadas por el entonces alcalde (casi un centenar), «aunque pueden ser irregulares, no fueron arbitrarias».

La Sala señala que no parece que pueda discutirse que la actuación reiterada de la Corporación con mecanismos que fuerzan el funcionamiento normal de la contratación pública, “no se ajustan fielmente a la legalidad, por más que, decreto a decreto, y con el apoyo del dictamen de un experto administrativista del mundo académico que no puede desdeñarse, la defensa intente salvar mediante interpretaciones, más asumibles unas que otras, la corrección jurídica y el respaldo en la legalidad de cada decisión. Un respaldo que también se preocupaban de consignar los correspondientes servicios gestores al rechazar el reparo”.

En su auto, de 15 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Supremo explica que no hay duda de la condición de autoridad del aforado que dictó los decretos ni tampoco de la naturaleza de los decretos, que eran genuinas resoluciones administrativas, pero concluye que no pueden ser tachadas de arbitrarias.

De acuerdo con su jurisprudencia, recuerda que el delito de prevaricación no nace con cualquier resolución administrativa contraria a la legalidad o que se aparte de ella, sino que «se requiere que la resolución sea arbitraria, es decir, que roce lo groseramente ilegal por responder al mero capricho o voluntarismo de quien la dicta, a quien no importa su mayor o menor ajuste a una legalidad que desprecia».

La respuesta al archivo de la causa no se ha hecho esperar, ya que Clavijo ha respondido tras conocerse la información . El senador asegura sentir «una profunda alegría, a pesar de que sabíamos que el sentido común nos decía que esta causa iba a acabar absolutamente en eso. Pero que el Tribunal Supremo lo vea y en su auto hable de la garantía de los servicios públicos esenciales, de que esta actuación como en el caso Grúas no revestía de indicios de delito, pues es una gran alegría».