España
Caso Morodo

Suiza estrecha el cerco al clan Morodo: envía datos fiscales de la mujer del ex embajador de Zapatero

La Fiscalía Federal de la Confederación Helvética estrecha el cerco sobre el entorno familiar de Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero investigado por recibir fondos de la petrolera PDVSA a cambio de asesorías ficticias. Según consta en la documentación enviada desde Suiza, a la que ha tenido acceso OKDIARIO en exclusiva, el pasado mes de noviembre las autoridades suizas enviaron a la Audiencia Nacional información bancaria de Cristina Cañeque de Sola, ex mujer del diplomático, así como de sus hijos, Alejo y María Morodo.

En total, documentación relativa a seis cuentas vinculadas al círculo más próximo del ex embajador en las entidades bancarias Credit Suisse y Banque Pictet que el juez Santiago Pedraz había solicitado mediante una comisión rogatoria. La información, ahora en manos del magistrado Alejandro Abascal, permite al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 seguir el rastro de los más de 4,5 millones de euros que, según los investigadores, el clan Morodo habría recibido entre 2011 y 2015 de la petrolera venezolana «carentes de justificación real y lógica comercial».

En concreto, la Fiscalía Suiza ha remitido a las autoridades españolas la documentación contable de Vinicius, cuenta de Credit Suisse vinculada a la ex mujer de Raúl Morodo, así como los justificantes detallados de determinadas operaciones y disposiciones de efectivo. A este respecto, cabe recordar que el ex embajador negó en sede judicial que su esposa tuviera cuentas en el país alpino.

Pero Cristina Cañeque de Sola no sólo tendría su nombre asociado a fondos ingresados en este banco extranjero. Relacionada a la mujer de Morodo también consta entre la información aportada por la Fiscalía Federal de la Confederación Helvética una memoria USB encriptada de Banque Pictet con documentación detallada de varias disposiciones de efectivo, «separada por ser relevante para la asistencia judicial mutua», según se puede leer en el escrito.

Respuesta a la comisión rogatoria.

Además, figuraría una tercera cuenta en Suiza de Cañeque de Sola cuyos datos al detalle, no obstante, no han podido ser incorporados a la causa al haber vencido el plazo legal obligatorio de diez años de conservación de documentos.

Alejo y María Morodo

En el foco de los investigadores, además, se encuentra la cuenta de Furnival Barristers Corp, una sociedad offshore panameña en la que, según las pesquisas, Alejo Morodo recibió presuntos pagos procedentes de PDVSA. Y también obra ya en poder del juez Alejandro Abascal toda la documentación contable así como los registros al detalle de determinadas operaciones de Ayanor SA, sociedad asimismo vinculada al hijo del ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Respuesta a la comisión rogatoria.

Por otra parte, los fiscales han enviado toda la documentación contable obrante en su poder de una de las cuentas de María Morodo, hasta la fecha el único miembro de la familia que no figura como investigada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional.

Corruptelas 

Tras examinar la documentación contable de las cuentas del clan Morodo en Suiza, la Fiscalía del país alpino ha comunicado a la Audiencia Nacional su intención de solicitar información adicional sobre algunas de las operaciones.

Así, la colaboración de las autoridades helvéticas permitiría seguir el rastro de los fondos procedentes de PDVSA que entre 2011 y 2015 habrían recibido tanto Raúl Morodo como su círculo más próximo. Un dinero que ocultaron a través de cuentas bancarias en paraísos fiscales y sociedades offshore y que justificaron, según las pesquisas, con facturas falsas de supuestas asesorías realizadas a la petrolera venezolana.

En total, 4.527.270 euros «carentes de toda justificación real y lógica comercial» por los al clan Morodo se le atribuyen los presuntos delitos de blanqueo de capitales, de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.