Sólo el 9% de las subvenciones a chiringuitos feministas cubre a víctimas de violencia de género
Un informe que acaba de publicar el Ministerio de Igualdad recoge que el coste económico total derivado de los servicios proporcionados por ONG feministas a 39.174 víctimas que contactaron con tales asociaciones, se situó en 2,7 millones de euros.
El destino de las subvenciones públicas que reciben las asociaciones feministas es muy reducido en la cobertura directa a las víctimas de violencia de género, tanto que apenas llega al 9% de tales asignaciones.
Según un informe que acaba de publicar el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, titulado El impacto de la violencia de género en España: una valoración de sus costes en 2016, el primero de estas características a nivel nacional, el coste económico total derivado de los servicios proporcionados por el Tercer Sector a 39.174 víctimas que contactaron con tales asociaciones, se situó en 2.722.593 euros (69,5 coste unitario).
Esta cantidad contrasta con la millonada de subvenciones públicas que les reparten las instituciones públicas (Administración estatal, comunidades autónomas, diputaciones provinciales, ayuntamientos…) Por ejemplo, según el informe Subvenciones a la Mujer del Club de los Viernes, entre 2014 y 2018 las ayudas de estos organismos alcanzaron los 150 millones de euros, a una media de 30 millones por año. Cruzando este dato con el que aporta el Ministerio de Igualdad, sólo el 9% de las subvenciones que reciben los chiringuitos feministas cubre a víctimas de violencia de género.
Una «gran cantidad»
El estudio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, órgano adscrito a la cartera que dirige la número dos de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, recoge que «dentro de las organizaciones que se encuadran dentro del concepto de Tercer Sector existe en nuestro país una gran cantidad de asociaciones, fundaciones, ONG y organizaciones sin ánimo de lucro, cuya actividad gira en torno a la atención de una diversidad de problemas sociales, entre ellos el de la violencia de género».
Y, en este contexto, señala que «como es lógico, no todas estas organizaciones se dedican a hacer frente a la violencia de género y, entre aquellas que hacen frente a este problema, no todas sus actuaciones están relacionadas con la VG». Para el Ministerio de Igualdad, esta «segunda característica limita de manera importante la estimación del coste económico que afronta este sector y, además, en los casos en los que la información contable de dichas organizaciones está disponible no es correcto atribuir la totalidad de los gastos a la violencia». Esta afirmación es justa y cierta, pero ello no impide calcular qué porcentaje de las subvenciones públicas que perciben estas asociaciones es el que de verdad presta atención directa a las víctimas de violencia de género.
En concreto, las organizaciones no gubernamentales analizadas centran su actividad fundamentalmente en dos áreas relacionadas con la violencia de género: ofrecen «servicios y orientación a las mujeres víctimas; y realizan trabajo de concienciación y campañas para disminuir el problema», detalla el informe.
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