Los socios de Sánchez le exigen 65 millones de los Presupuestos para marginar el español

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 10/11/2021 06:48
  • Actualizado: 10/11/2021 09:06

ERC, Bildu y BNG, partidos que sostienen a Pedro Sánchez en La Moncloa, aprietan al socialista en su intento por arrinconar el español. Y así lo recogen a través de varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, en las que reclaman al menos 65 millones de euros para blindar las lenguas cooficiales en detrimento de la lengua propia de todos los españoles.

La cuantía más importante es la que exigen para la producción audiovisual en catalán, vasco o gallego, para lo que pretenden lograr hasta 57,5 millones de euros. Aunque también se intenta imponer la «capacitación lingüística» a los jueces en lenguas distintas al castellano o modificar la toponimia en distintas regiones.

Imposición a los jueces

Así, independentistas y proetarras firman una enmienda en la que reclaman medio millón de euros para obligar al personal del servicio público de Justicia a conocer las lenguas cooficiales. Lo justifican por su interés en «asegurar el derecho de los ciudadanos a que se les atienda en su lengua» y critican que «sólo el 7% de las sentencias se dictó en catalán». Los partidos señalan que «el Gobierno español incumple la Carta Europea de las lenguas regionales o minoritarias, que compromete a los estados firmantes a garantizar el uso de estas lenguas en la Justicia, la administración pública o los medios de comunicación».

Además, en varias enmiendas se insta a repartir los fondos del programa de Cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior a la «promoción del catalán, gallego, euskera y aranés». Las formaciones critican en este punto al Ejecutivo de Sánchez por «ignorar el carácter plurinacional y plurilingüe del Estado». El crédito se reparte no sólo en Galicia, Cataluña o el País Vasco. También pretenden extenderlo a Navarra, la Comunidad Valenciana o Baleares.

Los socios de Sánchez promueven además el fomento del tamazigh en Melilla, señalando que «la Constitución española reconoce la oficialidad de otras lenguas, además del castellano y podría abrir la vía a un reconocimiento de las demás lenguas minoritarias, pero sólo se contempla si lo reconocen los estatutos de las comunidades autónomas». «Muchas lenguas de España no han podido acceder a este reconocimiento como lenguas oficiales, de las cuales especialmente el amazige (Melilla) y el árabe (Ceuta)», critican.

Así, también reclaman otro fondo para el fomento del árabe-dariya en Ceuta, indicando que, según el estudio Los usos lingüísticos de la población de Ceuta: el español, el árabe y el bereber, «el 62,9% de los ceutíes cuyo origen sociocultural es árabo-musulmán -la mitad de la ciudad-utiliza el árabe ceutí o dariya como lengua habitual». Y otro fondo para el fomento del occitano, «mediante la financiación de la traducción de libros y publicaciones».

Catalán en Baleares

En su ambición por extender estas lenguas a otros territorios, piden también el apoyo a entidades «que trabajan para la promoción de la lengua catalana» en Baleares o en la Comunidad Valenciana. En otra enmienda, piden que el 25% del presupuesto para la «promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas» se destine a lenguas cooficiales distintas al castellano.

Cabe destacar que el Gobierno ya cedió ante ERC para evitar una enmienda a la totalidad y aceptó blindar las cuotas de contenido en catalán en Netflix y otras plataformas de streaming en la futura Ley Audiovisual. En el texto, el Ejecutivo se compromete con los separatistas a «fomentar la producción audiovisual, protegiendo las lenguas cooficiales» y admite que «se buscarán fórmulas para garantizar un porcentaje de producción, doblaje y subtitulación en las lenguas cooficiales que requerirá de la conformidad de ERC para aprobar la ley». Esa cuota deberá concretarse antes de del próximo 31 de diciembre porque para esa fecha la nueva Ley Audiovisual debe estar aprobada en Consejo de Ministros, según los plazos que marca Bruselas.