Societat Civil catalana celebra que el Constitucional inicie los trámites para sancionar a Forcadell

Se avecina un nuevo choque de trenes entre los sediciosos y el Estado de Derecho. Si el Parlamento de Cataluña se mantiene en su desafío a las laeyes y a la Constitución, el TC ya ha advertido a su presidenta, Carme Forcadell, de que en 20 días iniciará acciones penales contra ella. Y, ante la reacción de las autoridades catalanas, no parece que Forcadell vaya a informar de sus acciones con el objetivo de evitar su inhabilitación y eventual juicio. Pero hay una gran parte de la sociedad catalana que celera que las instituciones del estado no se queden quietas y, así, Societat Civil Catalana (SCC) ha celebrado este lunes que el Constitucional «haya iniciado los trámites» para poder sancionar, suspender en sus funciones o inhabilitar a Carme Forcadell, y ha exigido «respeto» a las decisiones de dicho tribunal.

En un comunicado difundido este mismo lunes, Societat Civil Catalana «se congratula de que el TC haya suspendido la resolución del Parlament que ratificaba las conclusiones adoptadas por la comisión de estudio del proceso constituyente».

El presidente de esta entidad contraria al proceso soberanista, Rafael Arenas, celebra asimismo que el TC «haya iniciado los trámites que podrían conducir a la sanción, suspensión de funciones o inhabilitación de la presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, y de otros diputados», por culpa de «la irresponsabilidad de los partidos secesionistas».

Según Arenas, las formaciones independentistas «pretenden expulsar fuera del orden constitucional a las instituciones que son de todos los catalanes», por lo que espera que la decisión del TC «sirva para impedir que el Parlament y otras instituciones de la Generalitat se conviertan en herramientas al servicio de un golpe de Estado contra la democracia y nuestro orden constitucional».

Para el presidente de SCC, la resolución del TC supone otra evidencia de que «la hoja de ruta de los secesionistas es una agresión al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica, así como un atentado a las libertades básicas de los catalanes».

«El respeto a la ley no es negociable», destaca Rafael Arenas, antes de añadir que «cualquier reclamación política es posible en nuestro sistema», siempre que se plantee «de acuerdo con las normas y reglas que nos vinculan a todos».

En consecuencia, concluye Arenas, «quienes de forma clara, explícita y arrogante pretenden estar por encima de los principios esenciales de la democracia no deben recibir ningún tipo de comprensión»