La segunda reunión de Bolaños y Pons con Reynders para renovar el CGPJ termina sin acuerdo
El político liberal Didier Reynders dio a las partes hasta finales de marzo para entenderse
"Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente", sentencia Pons
Termina sin acuerdo la segunda reunión entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con la mediación del comisario de justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. A la cita en Bruselas acudieron, por parte de la delegación socialista, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y por parte del PP, su vicesecretario de Acción Institucional, Esteban González Pons.
Aun así, las tres partes se han emplazado para verse de nuevo en el futuro, sin que hayan cerrado una fecha en concreto, aunque, presumiblemente, la tercera reunión podría tener lugar durante las dos primeras semanas de marzo. La próxima reunión volverá a tener lugar en la capital belga.
El político liberal Didier Reynders dio a las partes hasta finales de marzo para seguir negociando la renovación del organismo que lleva más de cinco años con sus vocales con el mandato caducado. Por tanto, hasta ahora los dirigentes españoles han agotado la mitad del tiempo que el representante de la Comisión Europea les había dado de margen.
La fecha límite coincide con el posible cambio de aires de Reynders, que se ha postulado como candidato a ocupar la presidencia del Consejo de Europa, un órgano que no forma parte de la estructura de la Unión Europea.
«Avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente, y el problema principal creemos que no está resuelto: creemos que el CGPJ debe renovarse al mismo tiempo que buscamos un nuevo modelo que garantice la independencia de nuestros tribunales, la división de poderes y el Estado de derecho en España», ha comentado Esteban González Pons cuando ha terminado la reunión de algo más de una hora en la sede de la Comisión Europea.
«Estamos intentando convencer al PSOE, que es quien negocia. No podemos continuar con esta brecha y con un CGPJ al que se le pone en cuestión porque los jueces no eligen a los jueces», ha añadido el que fuera vicepresidente del grupo Popular en el Parlamento Europeo.
«Diálogo estructurado»
La forma en la que se ordenaron las reuniones por Reynders fue a través de un «diálogo estructurado» que pretendía desembocar en una renovación del órgano de gobierno de los jueces y, a la vez, plantear una futura reforma de la forma en la que se escoge a los vocales que conforman el CGPJ y así, se pueda alinear con los estándares del resto de países europeos en los que son sus iguales quienes deciden quienes forman parte del Consejo.
El comisario de Justicia de la Unión Europea ha propuesto estas acciones para cumplir con las recomendaciones de Bruselas sobre el Estado de derecho en los países de la UE y que aparecía en su informe anual. En ese documento, se reclamaba «proceder con carácter prioritario» a la renovación del CGPJ «e iniciar, inmediatamente después», el «proceso» para la reforma.
Desde el Gobierno chocan con el PP en la forma en la que realizar estas reformas. Los socialistas defienden que hay que centrarse en «lo urgente» y que después, ya se podrá «hablar de otros asuntos», como dijo Bolaños antes de verse por primera vez con Pons y ante la mediación de Reynders. Mientras tanto, el PP, ha defendido que es importante renovar el CGPJ a la vez que se reforme el modelo de elección de los vocales.
En todo caso, la Comisión Europea ha subrayado que no van a mediar más allá de la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Es decir, otra de las medidas que enfrentan al PP y el PSOE, como es la Ley de Amnistía, no sería una de las cuestiones que podrían estar en la mesa de diálogo entre ambos en Bruselas con la presencia del comisiario Reynders.
Aun así, el político belga ya ha confirmado que va a estar «muy atento» del procedimiento legislativo que está teniendo lugar en España y que terminará por aprobar la Ley de Amnistía. El comisario sigue ese proceso con la vista puesta en que la norma no sea contraria al Derecho comunitario o la directiva sobre la lucha contra el terrorismo. Aun así, no entrará en más evaluaciones hasta que no entre en vigor la ley.
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