Sanidad destina 167.000€ a mejorar el sistema de alertas después de 7 millones de contagios de Covid

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 09/01/2022 06:48
  • Actualizado: 09/01/2022 10:16

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 167.000 euros a mejorar el sistema de alertas cuando España se encuentra ya en la sexta ola del Covid sumando alrededor de 7 millones de contagios después de los efectos de las variantes delta y ómicron. El Ejecutivo socialcomunista acaba de licitar un contrato para tal fin a través del Ministerio de Sanidad, que adjudicará esta externalización con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con los contagios disparados en España y pese a las continuas mutaciones de coronavirus -los expertos no descartan una próxima cepa de gran transmisibilidad después de ómicron-, Sanidad no se ha preocupado de esta revisión del sistema hasta ahora. Además, el contrato ha sido tramitado como ordinario, es decir, no se ha optado por la vía de urgencia.

La primera documentación sobre este expediente data del pasado mes de septiembre, según ha podido saber OKDIARIO, y no ha sido hasta el pasado 16 de diciembre cuando se ha activado el procedimiento por parte de la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, jefa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón. De hecho, es el propio Simón el «proponente» de esta actuación para «fortalecer» el sistema de alertas, y en calidad de tal firmó el citado pliego de condiciones técnicas en septiembre, que incluso llegó a contemplar un calendario de ejecución de 2021 y 2022.

Sin embargo, Sanidad acabó el año sin haber recibido siquiera las ofertas de las empresas candidatas a esta licitación, que tiene de plazo para su presentación hasta el próximo 13 de enero. En concreto, el contrato lleva por título la «Realización de una evaluación del sistema de alerta precoz y respuesta rápida en el Sistema Nacional de Salud, es decir, en cada comunidad autónoma, tanto en su ámbito competencial como en su relación con el resto de integrantes de la Red de Vigilancia en Salud Pública (resto de CC.AA. y el nivel estatal)».

Según consta en el pliego, este sistema «detecta, verifica, evalúa y comunica los eventos que puedan tener importancia en salud pública, como es la pandemia de Covid-19». Y se coordina con «las estructuras y redes existentes en la Administración que tienen entre sus funciones detectar riesgos o situaciones que afecten a la salud de la población», precisa.

Balones fuera

Añade el documento que «una respuesta rápida a las amenazas transfronterizas para la salud requiere mecanismos de vigilancia y control que garanticen la detección e identificación oportunas de dichas amenazas». Si bien aquí el Gobierno echa balones fuera sobre su nefasta gestión de la pandemia para señalar que «las primeras lecciones aprendidas de la pandemia Covid-19 han demostrado que la preparación y la respuesta de la Unión Europea y los Estados Miembros a las amenazas sanitarias transfronterizas no eran óptimas». El Ejecutivo se escuda aquí en la UE para no asumir su responsabilidad en la tardanza con la que reaccionó al virus pese a las alertas que iba recibiendo.

«Por lo tanto, la vigilancia en tiempo real, integrada con otros ámbitos, es esencial para garantizar una respuesta oportuna a las emergencias sanitarias actuales y futuras. Esto debe basarse en las capacidades y necesidades a nivel de comunidad autónoma y nacional. Por todo ello es necesario evaluar el sistema de alerta precoz y respuesta rápida en las comunidades autónomas y en el nivel central para definir capacidades y necesidades y formular recomendaciones para fortalecer este sistema», subraya el pliego.

Entre las acciones contempladas en esta revisión del sistema de alertas figura una «búsqueda bibliográfica sobre el objeto del contrato»; una encuesta consensuada con las comunidades, el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); la organización de tres jornadas para que cada comunidad y el Ministerio expliquen al resto los resultados de la encuesta; la elaboración de un procedimiento de simulacro de alertas y emergencias sanitarias; y una «propuesta de diseño de una herramienta para la gestión del sistema de alertas y emergencias sanitarias a nivel nacional», concluye el pliego.