Sánchez también niega a Transparencia los acompañantes y gastos totales del viaje a EEUU

En lo que refiere a la información solicitada sobre los acompañantes del presidente durante este viaje a Estados Unidos, la excusa es que es «material clasificado». «No cabe facilitar dicha información al tratarse de materia clasificada en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley sobre Secretos Oficiales, que refiere tanto a los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como a los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, a los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares», justifican.

A pesar de que en los últimos años el Gobierno sí ha difundido el listado de pasajeros de vuelos de miembros del Consejo de Ministros, en esta ocasión Sánchez no quiere que se sepa quién le arropó. Añade que esa decisión de que no trascienda la relación de nombres está «avalada por la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo sección 7ª de la Audiencia Nacional de octubre de 2017».

En tercer lugar, respecto de la información requerida sobre los gastos del viaje, el Gobierno dice que no tiene el desglose. «Se informa de que, en la Presidencia del Gobierno, los gastos que pudieran generarse con ocasión de un viaje se atienden mediante imputación, según corresponda por su naturaleza, a diferentes subconceptos del Capítulo 1: Gastos de Personal al Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes o servicios», indican.

La excusa es que tienen todo sumado y no pueden «individualizar» el coste de este viaje particular. «No es posible individualizar el importe que corresponda a gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención y otros soportados en viajes del Presidente del Gobierno dentro del gasto total, que se agrupa en cada subconcepto, sin que ello supusiera reelaborar nuevamente toda la información contable».

Agregan, para indicar que no están dispuestos a dar la información, que reelaborar la documentación sería hacer un «trabajo paralelo» en «dos soportes diferentes». Por un lado, el oficial que responde a los requisitos de información que demandan los órganos de control presupuestario y otro propio que permitiera atender demandas de información particulares». En todo caso, ayuntamientos, comunidades autónomas y un sinfín de organismos públicos sí atienden estas peticiones. Del mismo modo, el Consejo de la Transparencia ha fallado en múltiples oficiales a favor de que se ofrezcan gastos de cómo se usa el dinero del contribuyente en casos como este.

En cuarto lugar, también hay opacidad sobre los acuerdos comerciales alcanzados por Pedro Sánchez en sus reuniones con inversores, si es que ha cerrado alguno. «No se puede facilitar la información referente a los acuerdos planteados o adoptados por el presidente del Gobierno dado que respecto de dicha información actúa el límite sobre la garantía de la confidencialidad y secreto requerido en procesos de toma de decisiones «. Aluden a que haciendo “el test de daño” previsto en estos casos arroja que dar publicidad a dicha información podría influir y comprometer las negociaciones que pudieran estar llevarse a cabo por el Gobierno de España, suponiendo a largo plazo un perjuicio económico cuantificable. Remiten a una web genérica del Gobierno donde no hay ningún detalle.