España
Congreso de los Diputados

Sánchez y sus socios se niegan a que el Gobierno dé explicaciones sobre Aldama en el Congreso

Los partidos que sostienen el Ejeuctivo rechazan una moción del PP que lo exigía

También votan en contra de la eliminación de la tasa de basuras en los ayuntamientos

El PSOE y las formaciones que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez han rechazado una moción del PP para que el Ejecutivo dé explicaciones en el Congreso sobre Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, después de que el empresario señalara a medio Gobierno en su confesión ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

El PP había presentado una moción en la que, entre otras cosas, se instaba al Gobierno a «dar las explicaciones pertinentes ante las acusaciones de hechos presuntamente delictivos» del comisionista de la trama y «ante las relaciones de este empresario con el Gobierno recogidas en los informes policiales incluidos en el sumario que está llevando a cabo dicho tribunal».

PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria han rechazado esta iniciativa. La única abstención ha sido la de Néstor Rego, del BNG. Desde el PP lamentan que «el bloque de socios que apoya al Gobierno le han amparado para que no tenga que dar explicaciones tras las revelaciones en sede judicial de Aldama».

Concretamente, la moción del PP, firmada por el portavoz del partido en el Congreso, Miguel Tellado, se trataba de una «interpelación urgente sobre los continuos ataques a jueces y magistrados por parte de miembros del Gobierno». Se amparaban en la Constitución Española y en la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para recordar, tal y como recoge esta última, que es una «obligación» de los poderes públicos «respetar la independencia» de los magistrados. En ese sentido, el PP lamentaba que «la independencia del Poder Judicial y el respeto debido a jueces y magistrados está siendo socavado» por «el propio Gobierno».

Por todo ello, la iniciativa que se ha votado este jueves en la Cámara Baja instaba al Gobierno a «respetar la independencia del Poder Judicial» no dando «indicaciones ni instrucción a los jueces». También solicitaba al Gobierno y a los partidos que lo sostienen «dejar de interferir en el normal funcionamiento de la justicia» para «beneficiar personalmente a las personas del entorno del presidente». Y, por último, «dar explicaciones» por las confesiones de Aldama.

No a eliminar el basurazo

El PP también había presentado una proposición no de Ley para la «derogación de la tasa de basuras que quiere imponer el Gobierno de Sánchez a todos los ayuntamientos». En este caso, tampoco ha prosperado. A favor de la eliminación del basurazo sólo estaban PP, Vox y UPN. En el lado opuesto se encontraban los partidos que defienden su aplicación en todos los ayuntamientos de España.

«Repercutir el coste al ciudadano no es algo inusual en los países de la UE, pero es menos común que se haga al 100% de la población mediante una ley que impone obligaciones a todos los municipios y en una misma fecha, sin atender al número de habitantes de los municipios», afeaban los populares en su proposición no de Ley.

El PP subrayaba que esta tasa «está suponiendo un quebradero de cabeza para los ayuntamientos». Muchos consistorios «vienen financiando todo o parte de los servicios de basuras con recursos generales del presupuesto municipal, pero ahora no podrán hacerlo, pues tienen la obligación de cubrir con la tasa el 100% del coste del servicio», argumentaban los diputados firmantes.

Por eso critican que se trata de una norma «carente de sentido práctico». En su lugar, defendían «establecer mecanismos que permitieran a los entes locales, como responsables de la gestión, hacer frente a los nuevos retos y compromisos».

El PP pedía al Gobierno «respetar la autonomía municipal» y permitir que «puedan aliviar la carga fiscal» con los recursos económicos disponibles. Y, en definitiva, «derogar la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa de residuos al 100% de los municipios». Finalmente, esta medida, también ha sido rechazada por el Gobierno y sus socios.