Sánchez retrocede 30 años: un diputado del PSOE vuelve a ser fiscal general del Estado

• Agustín de Grado @a_degrado
• Subdirector y responsable del Área Política en OKDIARIO. Antes jefe de área en ABC, subdirector en La Razón y director de Informativos en Telemadrid.
• • 13/01/2020 13:51
  • Actualizado: 17/01/2020 12:45

Treinta años después, la Fiscalía General del Estado vuelve a estar en manos del diputado de un partido político que ha pedido el voto para el presidente que le designa. Aunque fiscal de carrera, la ex ministra de Justicia Dolores Delgado resultó elegida el pasado 10 de noviembre para ocupar un escaño en el Congreso de los Diputados. Era la quinta en la lista que Pedro Sánchez encabezó en Madrid. Dos meses después, la hoy diputada socialista será la próxima fiscal general del Estado. Sólo hay un precedente así en los últimos treinta años de democracia: cuando Felipe González ‘nombró’ a Leopoldo Torres en 1990.

«Montesquieu ha muerto», había decretado el vicepresidente de aquellos Gobiernos socialistas, Alfonso Guerra, despejando así el camino para una reforma legal que propició que unas Cortes bajo el rodillo del PSOE pasaran a elegir por completo a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

La ‘ocupación’ de la Fiscalía General del Estado llegó poco después. «No pienso pedir perdón por mis 17 años de militancia en el PSOE y la UGT», declaró Leopoldo Torres, diputado en el Congreso desde 1979 y con varios cargos orgánicos en el PSOE a sus espaldas, al ser designado fiscal general del Estado seis meses antes de que comenzara en la Audiencia Nacional el primero de los juicios de los GAL, el caso que acabó con José Barrionuevo, entonces ministro socialista de Interior, en la cárcel tras haber visto a Felipe González declarar como presidente del Gobierno en el Tribunal Supremo.

Torres sustituyó a Javier Moscoso, que cuatro años antes había llegado al cargo aupado directamente por González desde el Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, a diferencia de Delgado, Moscoso no mantuvo previamente ninguna vinculación con el PSOE pues procedía de la UCD.

A torpedear el caso GAL

Lo que vino después de la designación de Torres como fiscal general del Estado fue todo un cúmulo de obstrucciones a la Justicia. El Estado se negó a poner a disposición de la Audiencia Nacional a tres implicados fundamentales en la trama de los GAL: Francisco Paesa, George Mendaille y Rafael Masa.

Finalizado su mandato como jefe de los fiscales, Torres mantuvo la relación con los responsables políticos del PSOE que se vieron implicados en los crímenes de Estado. Así, por ejemplo, dirigió la defensa letrada del ex ministro de Interior José Luis Corcuera.

La gestión de Torres fue la última del Ministerio Público bajo la dirección de un diputado. Aunque la Fiscalía nunca ha estado a salvo de las críticas de politización y sumisión a los intereses del Gobierno, ni José María Aznar, ni José Luis Rodríguez Zaptero, ni Mariano Rajoy se atrevieron a tanto, a medida que la Fiscalía fue ganando autonomía frente al Ejecutivo de turno.

Pero como no hay línea roja que a Sánchez se le resista, el presidente ha decidido imprimir al Ministerio Público una involución de 30 años y, sin decoro alguno para la separación de poderes, ha vuelto a colocar al frente de los fiscales a un diputado del PSOE que hizo campaña electoral por él contra «la ola de extrema derecha reflejo de un franquismo puro y duro».

Y ahora … «desjudicialización»

Como en el caso de Torres, Dolores Delgado llega a la Fiscalía General del Estado tras haber pedido el voto para el líder del partido que ahora la designa para el cargo. Y como Torres también, lo hace con encomiendas de calado político: trabajar en lo que el PSOE, de acuerdo con ERC, ha convenido en llamar como la «desjudicialización» del «conflicto político» en Cataluña.

Si algo ha definido al Ministerio Fiscal en el tema catalán es su firmeza en la defensa de la ley y su independencia frente a las directrices políticas del Gobierno, tanto con Rajoy como con Sánchez. Sin embargo, a partir de ahora, dado el régimen jerárquico al que está sometido la Fiscalía, la ex ministra Delgado estará autorizada para marcar la línea del Ministerio Fiscal que, por ejemplo, en el Supremo ha desempeñado Javier Zaragoza, bestia negra del independentismo y con quien la ex ministra está enfrentado desde que el primero fuera su jefe en la Audiencia Nacional.

Delgado tendrá la última palabra en todas las decisiones que afecten a la Fiscalía, como por ejemplo si se opone o no a las medidas de beneficio penitenciario que el Govern de la Generalitat adoptará para los presos condenados por la sedición del 1-O.