Sánchez presume de dar paro a las empleadas del hogar cuando está obligado por una sentencia europea

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 06/09/2022 06:47
  • Actualizado: 06/09/2022 08:39

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros va a aprobar la norma que garantiza el subsidio del desempleo para las empleadas del hogar, una medida que estaba obligado a tomar por una sentencia de la Unión Europea.

Así, aunque el socialista ha intentado sacar pecho de su Gobierno por esta norma delante de Almudena, una empleada del hogar seleccionada por Moncloa para participar en el show de inicio de curso que ha protagonizado Sánchez este lunes, lo cierto es que tenía que hacerlo por imperativo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado mes de febrero sentenció que la normativa española es «discriminatoria» y provoca desprotección, lo que se traduce «en una situación de desamparo social» para el colectivo de las empleadas del hogar que no cobran el paro.

El fallo recogía que la norma que impide a las empleadas del hogar, un sector mayoritariamente formado por mujeres, el acceso a la prestación por desempleo es contraria al Derecho comunitario porque constituye «una discriminación indirecta por razón de sexo».

En concreto, indicaba que esta disposición nacional que excluye el paro de las prestaciones de la Seguridad Social concedidas a este colectivo se opone a la directiva europea en materia de igualdad, «en la medida en que dicha disposición sitúe a los trabajadores en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no esté justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo».

De este modo, los magistrados europeos tumbaron los argumentos esgrimidos por España y por la Tesorería de la Seguridad Social, que defendían que el trato diferenciado se debe a «a las peculiaridades de este sector profesional», así como para luchar contra el trabajo ilegal y el fraude. A este respecto, aunque el Tribunal de Justicia confirmó que los objetivos alegados por España eran legítimos, consideró que «la normativa española no parece adecuada para alcanzarlos, puesto que no parece aplicarse de manera coherente y sistemática».

Además, el gabinete del presidente tampoco ha disimulado lo preparado e impostado del anuncio justo cuando una de las cinco personas seleccionadas por Moncloa para hacer preguntas a Sánchez era, precisamente, una empleada del hogar que le ha preguntado sobre sus condiciones laborales.