España
Comisión de Secretos Oficiales

Sánchez prepara una cacicada con Batet para permitir a ERC y Bildu acceder a los secretos de Estado

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  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno prepara una solución «inmediata e inminente» para que se constituya la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que no funciona desde hace tres años por la falta de acuerdo entre las formaciones políticas. El empeño del Ejecutivo de Pedro Sánchez parte del enfado de sus aliados separatistas por el caso de las presuntas escuchas a los líderes independentistas mediante el programa Pegasus.

Para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna. De ahí que, en este tiempo, no se haya podido constituir esta Comisión por los vetos cruzados entre los partidos. Ahora, el Gobierno estudia varias posibilidades para que este órgano parlamentario quede desbloqueado. La más rápida sería aprobar una nueva resolución para rebajar las mayorías exigidas para su constitución.

La Comisión de Secretos Oficiales viene regulada por una resolución de la Presidencia del Congreso, de 11 de mayo de 2004, que determina su funcionamiento. En la práctica, sería posible sustituirla por una nueva, a iniciativa de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la que se fijase una nueva mayoría -absoluta-, lo que permitiría dar entrada a los partidos separatistas y a Bildu. En este tiempo, el Partido Popular ha venido rechazando que la formación de Arnaldo Otegi pueda conocer secretos de Estado. Y Vox, por su parte, rechaza que todos los independentistas tengan acceso a la información reservada.

La nueva resolución, en su caso, tendría que ser aprobada por la Mesa del Congreso, donde PSOE y Podemos suman mayoría, y por la Junta de Portavoces.

«Vamos a desbloquear esa Comisión», ha aseverado este lunes Félix Bolaños en una entrevista en TVE.

El ministro de la Presidencia ha mantenido en las últimas horas contactos con grupos parlamentarios, a los que les ha trasladado «que no tiene sentido que haya una comisión que no se haya constituido por vetos cruzados».

Bolaños no ha descartado que la vía sea, precisamente, una modificación del actual reglamento, forzando un cambio en la forma de elegir la Comisión. De hecho, ha apuntado que hay una «ventaja» con ese procedimiento y es que «no está en el reglamento de la Cámara». Es decir, que se regula por medio de una simple resolución de la Presidencia. La intención, ha desvelado, es una fórmula que «garantice que todos los grupos parlamentarios están allí presentes» y «tengan acceso a documentación reservada clasificada y pueden escuchar las explicaciones que allí se ven y puedan hacer preguntas». Es decir, también Bildu y los propios separatistas.

El asunto trasciende, evidentemente, el caso de las presuntas escuchas telefónicas a los líderes separatistas, porque la entrada permitiría a separatistas y proetarras acceder a información reservada del Centro Nacional de Inteligencia. Bolaños se reunió este domingo cono la consellera de Presidencia y mano derecha de Pere Aragonés, Laura Vilagrá, para abordar el caso de espionaje a más de 60 líderes independentistas. Y entre sus compromisos figuraba la reactivación de esta Comisión en el Congreso, además de la desclasificación de información confidencial. Medidas que han sido calificadas de «insuficientes» por parte del Govern. La intención del Gobierno es que la directora del CNI, Paz Esteban López, ofrezca explicaciones sobre este asunto.

Desde el PP se muestran partidarios de que se constituya esta Comisión pero bajo las actuales reglas. Según la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, sería el camino para «despejar cualquier dura» ante el momento de «incertidumbre que se vive» por este caso. Los populares, no obstante, reclaman que «se convoque de acuerdo a la regulación».