Sánchez ordena borrar «piquete» de los informes policiales para criminalizar a los transportistas en huelga

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 19/03/2022 18:38
  • Actualizado: 19/03/2022 19:44

El Ministerio del Interior ha dado instrucciones a la Guardia Civil para que deje de utilizar el término «piquetes» en sus informes sobre la huelga de transporte.

Así lo ha denunciado la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, Jucil, en un comunicado en el que expresa su «preocupación» por las instrucciones recibidas por parte del Gobierno, que consideran una medida para actuar «con más contundencia» frente a los transportistas.

En marzo pasado, el Gobierno derogó el artículo 315.3 del Código Penal, que contemplaba penas de cárcel específicas para las coacciones de los piquetes de huelga. La propuesta de PSOE y Podemos salió adelante con los socios que mantienen a Sánchez en La Moncloa (ERC, Bildu, Junts, el PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, el BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias).

Los informes, según Interior, no deben contener los términos «huelga» ni «piquete», que deben ser reemplazados por «paro» y «activistas». Asimismo, se les insta a denunciar por «reunión ilegal» aquellas concentraciones que convoquen a más de 20 personas.

En las instrucciones se señala además que “cualquier corte de circulación debe de ser solucionado de manera inmediata” y que se tenga especial atención a al lunes próximo para “informar» si los «activistas» van «a Madrid a manifestarse». Interior ordena a las comandancias que se preste especial atención a las áreas de descanso donde pueda haber camiones “y posible presencia de activistas” y se reclama que se remita una relación de matrículas sospechosas.

La asociación de guardias civiles considera que estas instrucciones buscan utilizar a los agentes para «restringir los derechos de los huelguistas»,  enfrentándoles con un colectivo que «resultó vital en los momentos más duros de la pandemia».

Por tanto, Jucil «teme y expresa su preocupación por que las instrucciones recibidas provoquen el enfrentamiento entre colectivos de vital importancia para el mantenimiento de las condiciones sociales y económicas en España».

Criminalizar a los transportistas

El Gobierno ha tratado de deslegitimar las reivindicaciones de los transportistas y ha instado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a actuar con «contundencia» contra los piquetes que ellos mismos despenalizaron.

Desde Moncloa se ha vinculado directamente a los piquetes con la «extrema derecha» y se niega a hablar de «huelga». La portavoz, Isabel Rodríguez, se refirió estos días a «un boicot en toda regla alentado desde el odio y las posiciones de extrema derecha» y consideró que esas protestas no responden a transportistas «ejerciendo su derecho a la huelga», sino que están «boicoteando al resto de trabajadores» y promoviendo «actos violentos» desde actitudes que «en nada favorecen al diálogo y a la convivencia». Ese es el mensaje que emana desde el Gobierno para criminalizar la protesta contra Pedro Sánchez.

El Ejecutivo quiere trasladar a la opinión pública el mensaje de que no es una huelga provocada por los precios disparados de la energía sino una «reacción aumentada» por el «odio» que, esgrimen, se lanza desde «las posiciones de la ultraderecha». «Nada tienen que ver esas demandas legítimas, por el precio de los carburantes, con lo que estamos viendo hoy en las calles que ponen en riesgo la vida de quienes están trabajando y el abastecimiento de los productos básicos», señaló la portavoz.

Para el Gobierno, que defendió con vehemencia la despenalización de los piquetes, se trata ahora de «actos violentos que impiden que una parte pueda ejercer su derecho al trabajo, de forma irresponsable y generando inseguridad y desabastecimiento». Las protestas, esgrimen, están protagonizadas «por una minoría».

El Ejecutivo ni siquiera tiene previsto reunirse con la Plataforma para la Defensa del Transporte, convocantes de esta huelga que ya suma 130.000 profesionales del sector.

Pese a ello, la ministra Raquel Sánchez considera que no son «interlocutores» válidos ni «representativos». “No estamos hablando ni de una huelga, ni de un paro patronal. Son grupos apoyados por la ultraderecha que utilizan la violencia y no la palabra para plantear sus reivindicaciones”, aseveró también estos días.