Sánchez oculta el informe del CSIC sobre los riesgos de seguridad en la exhumación de Franco

El Ministerio de Ciencia ha decidido ocultar el informe que el Gobierno  encargó al CSIC sobre las obras en la Basílica del Valle de los Caídos en San Lorenzo de El Escorial.

Como informó OKDIARIO, el pasado 15 de marzo el Ministerio de la Presidencia, a través de Patrimonio Nacional, encargó en secreto al Consejo Superior de Investigaciones Científicas un informe de viabilidad sobre el plan de obras para exhumar del dictador Franco. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido esconder el documento, encargado a dedo y valorado en 8.000 euros.

En una resolución oficial del Ministerio de Ciencia, Innovación y universidades, el secretario general de Política Científica impide a OKDIARIO el acceso a dicha información.

Este periódico, en base a la Ley de Transparencia, solicitó el citado documento, pero el Ejecutivo ha optado por bloquear la petición. El Gobierno justifica que «no procede conceder el acceso a la información solicitada» porque hay procedimientos judiciales abiertos y desvelar lo que ha determinado el CSIC sobre la exhumación vulneraría «la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva».

En la citada resolución revelan que el polémico informe pericial «se emitió por el Instituto de Ciencias de la Construcción ‘Eduardo Torroja’ dependiente del CSIC, a petición de Patrimonio Nacional, previa solicitud de la Abogacía del Estado en el seno de procedimientos ordinarios seguidos en diferentes Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid».

El Ministerio enumera los 15 procedimientos judiciales abiertos en los diferentes Juzgados de la capital por este asunto. «El informe pericial solicitado al CAPN tenía por objeto pronunciarse sobre el informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Por todo lo expuesto, resulta evidente que no procede conceder el acceso a la información solicitada puesto que es de plena aplicabilidad el supuesto de exclusión previsto en el artículo 14.1.f) de la mencionada Ley de Transparencia», concluyen.

«En todos los procesos judiciales abiertos nos encontramos con procedimientos contencioso-administrativos que todavía no se han resuelto. El informe pericial al que nos referimos fue solicitado por una de las partes litigantes de dichos procedimientos, de manera que si se concediera el acceso a la información y dicha información llegara a manos de la otra parte procesal podría frustrarse la posición de la Abogacía del Estado en los procesos judiciales mencionados», finaliza el equipo del ministro Pedro Duque.

Este informe pericial iba a servir al Gobierno para asegurarse, desde un punto de vista científico, que no habrá anomalías en los trabajos arquitectónicos y forenses que se desarrollen en la Basílica de la Santa Cruz durante el traslado de los restos del dictador. En todo caso, el Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente el proyecto socialista a la espera de pronunciarse, en los próximos meses, sobre el recurso de la familia Franco.

«A toda prisa»

El 13 de noviembre de 2018, el presidente de Patrimonio Nacional ordenó a una de sus direcciones generales la redacción de «manera inmediata» del proyecto de exhumación para cumplir con el mandato del Consejo de Ministros. Tan inmediata fue su elaboración que, al día siguiente, el informe ya estaba concluido y firmado. La familia Franco denunció en los tribunales que el procedimiento se había realizado «a toda prisa».

El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial se basó en este escueto documento para dar luz verde a la licencia de obra municipal en la Basílica de la Santa Cruz, un trámite que fue suspendido en febrero por el juez José Yusty Bastarreche, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid. Pocos días después, el Gobierno de Sánchez encargó este informe pericial, más científico, al CSIC. Además, trató de recusar a este magistrado sin éxito, ya que fue respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.