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Tribunales

Sánchez no va a la conciliación con el novio de Ayuso y le espera una demanda de 100.000 € en el Supremo

El presidente del Gobierno llamó "defraudador confeso" a González Amador y él le va a demandar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus abogados no han comparecido este miércoles al acto de conciliación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha comprobado OKDIARIO. «No ha comparecido. Tras el intento de conciliación, queda abierta la puerta a la interposición de demanda o querella», señalan fuentes del caso.

La vista estaba programada para las 12:30 horas en el Juzgado de Primera Instancia Número 98 de Madrid, como paso previo obligatorio a la interposición de una querella por presuntas injurias y calumnias. La ausencia del presidente del Gobierno en esta conciliación allana el camino para que González Amador pueda presentar una demanda por valor de 100.000 euros tal como habían avanzado. Al ser un aforado tendrá que dirimirse en el Tribunal Supremo y, en concreto, en la Sala Primera encargada de la jurisdicción Civil.

El conflicto tiene su origen en las declaraciones realizadas por Sánchez el pasado 17 de octubre, cuando se refirió públicamente a González Amador como «delincuente confeso». Estas manifestaciones se produjeron en el contexto de la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos contra la pareja de Ayuso.

«Probablemente, la noticia que conocimos ayer nos permita recordar el origen de todo esto, que es que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pareja de un delincuente confeso, da pie a un bulo», fueron las palabras exactas pronunciadas entonces por el presidente del Gobierno.

Precisamente el Supremo, esta vez, en la Sala Segunda de lo Penal, dejó plasmado en un auto que era falso que González Amador fuera un defraudador confeso. Esa afirmación del juez instructor del caso de Álvaro García Ortiz apuntala las demandas que ha presentado contra los altos cargos del PSOE y Sumar.

Según fuentes jurídicas, el equipo legal de González Amador considera que dichas declaraciones constituyen una «infracción de los más elementales deberes de respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español». La cantidad reclamada, 100.000 euros, responde a la gravedad que atribuyen a estas manifestaciones, especialmente teniendo en cuenta que fueron realizadas por una autoridad política del Gobierno de primer orden y frente a decenas de medios de comunicación que replicaron sus palabras.

Otras demandas

Este proceso judicial se suma a una serie de acciones legales emprendidas por González Amador contra otros miembros del Ejecutivo, de Sumar y de Más Madrid. Entre ellas, destaca la solicitud de conciliación con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, para la cual aún no se ha establecido fecha. Además, tras la incomparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su respectivo acto de conciliación, González Amador presentó una demanda por vulneración del derecho al honor que ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo.

La legislación española establece el acto de conciliación como un requisito previo necesario antes de interponer determinadas acciones judiciales, especialmente en casos relacionados con el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Este procedimiento busca ofrecer una oportunidad para que las partes puedan alcanzar un acuerdo extrajudicial, evitando así un proceso más largo y costoso.

El decreto judicial emitido para esta vista especificaba que «si no comparece la parte requerida de conciliación se tendrá por intentada a todos los efectos legales», lo que significa que la incomparecencia de Sánchez, aunque no impide futuras acciones legales, cumple formalmente con el requisito procesal de haber intentado la conciliación.

La ausencia del presidente en la vista de hoy marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento político y judicial que mantienen el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, con especial intensidad en los últimos meses. Este caso particular ha cobrado especial relevancia por involucrar directamente al presidente del Gobierno y a la pareja de una de las principales figuras de la oposición.

Ahora, tras este fallido intento de conciliación, González Amador tiene vía libre para presentar la querella criminal por injurias y calumnias, con una reclamación económica de 100.000 euros. La decisión sobre si proceder o no con esta acción legal deberá tomarse en los próximos días por partes del equipo del bufete legal Novalex.