Exhumación Francisco Franco

Sánchez no tiene plan para exhumar a 192 personas afectadas por el ‘decretazo’ de Franco

Sánchez no tiene plan para exhumar a 192 personas afectadas por el ‘decretazo’ de Franco
El Valle de los Caídos se ha convertido en una pesadilla para Pedro Sánchez

El real decreto del Gobierno obligaría a exhumar a 192 personas, entre ellas 20 monjes benedictinos. Sin embargo, el Ejecutivo ha priorizado el procedimiento, aún incierto, para sacar a Franco.

El Gobierno no ha contemplado la exhumación de 192 personas enterradas en el Valle de los Caídos -entre ellas, 20 monjes benedictinos- que, por no ser víctimas de la Guerra Civil, estarían afectadas por el real decreto por el que se aprobó la salida de Francisco Franco.

El real decreto de 28 de agosto argumentó la exhumación del dictador en la Ley de Memoria Histórica, de 2007, y en la “voluntad de que el Valle de los Caídos se consagre como un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y la represión política posterior”.

En este contexto, y en opinión del Ejecutivo, “la presencia de los restos mortales de Francisco Franco dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo y el propósito de rendir homenaje a todas las víctimas de la contienda”.

“El presente real decreto-ley pretende poner fin a esta situación, al establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra. Asimismo, consagra de manera expresa el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas”, se recogía en el texto.

En consecuencia, la iniciativa modificaba la Ley de Memoria Histórica para añadir un nuevo apartado al artículo 16 en el que se determinaba que “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”.

“A tal efecto, se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo”, añadía.

La decisión de exhumación y traslado correspondería al Consejo de Ministros, con el proceso, ya conocido en el caso de Franco, de alegaciones de la familia. En caso de desacuerdo, el Gobierno se reservaba también el lugar para los nuevos enterramientos.

“Ley de caso único”

El texto, así redactado y en aplicación estricta, obligaría pues a la exhumación -además del dictador- de otras 192 personas, que fallecieron después del fin de la Guerra Civil. Entre ellos, los 20 monjes enterrados en el cementerio de la abadía.

El paso del tiempo, en cambio, ha confirmado, en cambio, que la disposición se dictó con el único propósito de iniciar el procedimiento para exhumar a Franco. Es decir, lo que se entiende como una “ley de caso único”, uno de los principales argumentos que esgrime la familia Franco en sus recursos contra la decisión del Ejecutivo.

Siete meses después, el Gobierno no ha articulado ningún plan para proceder a dichas exhumaciones, centrándose en exclusiva en sacar a Franco.

En una pregunta dirigida al Portal de Transparencia, sobre el procedimiento en curso y el coste estimado de dichas operaciones, el Gobierno únicamente se remite al informe de Patrimonio Nacional relativo a la exhumación del dictador. 

En este contexto, desde la Subsecretaría de Justicia se admite que en los trabajos de los Servicios Técnicos de Patrimonio “tan sólo se posee una valoración de la intervención en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que asciende a la cantidad de 3.738,90 euros”, una cifra que se corresponde en exclusiva a la exhumación de Franco y, en concreto, a las actuaciones para la retirada de la losa de su sepulcro y la restitución del solado de mármol.

“Un ardid del Gobierno”

En el recurso, avanzado en exclusiva por OKDIARIO, los Franco consideran que se trataría de una vulneración del artículo 14 de la Constitución.

“Es decir, no se trata de exhumar a todos aquellos inhumados en el Valle de los Caídos que no fallecieron a consecuencia de la Guerra Civil, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley de Memoria Histórica, sino únicamente a D. Francisco Franco Bahamonde con lo que queda al descubierto el ardid del gobierno para dictar una disposición legal de pretendido carácter general para enmascarar lo que en realidad no era sino una disposición legal de caso único relativa a los restos mortales del abuelo de mis representados”, sostiene la familia.

El recurso fue admitido por el Supremo, lo que implica que acepta estudiar la paralización cautelar de cualquier maniobra en este sentido a la espera de su pronunciamiento definitivo.

Además, dio un plazo de diez días a laAbogacía del Estado para que pueda presentar alegaciones respecto a la paralización del traslado de los restos del dictador, siempre a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente sobre el recurso de los familiares contra la medida acordada por el Gobierno.

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