Jubilaciones, plazas, financiación: Sánchez se desentiende de sus competencias en Atención Primaria

El Gobierno de España que preside Pedro Sánchez se ha lanzado en tromba en las últimas semanas contra la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso por las protestas de sanitarios y las huelgas en urgencias extrahospitalarias y atención primaria. Unos paros que también se han reproducido en otras regiones. Sin embargo, Sánchez y su Ministerio de Sanidad no son ni mucho menos meros espectadores en esta crisis, ya que el Gobierno tiene competencias para atajar la crisis de la atención primaria en toda España, pero no las ejerce.

Las comunidades autónomas tienen las competencias transferidas en materia sanitaria, si bien el Ministerio tiene en su mano múltiples herramientas para atajar un problema de falta de personal, que es de donde derivan el resto de problemas en la primaria en todas las comunidades, y que en los próximos años irá a más debido a las futuras jubilaciones masivas. Y esas atribuciones del Gobierno van desde aumentar las plazas universitarias de Medicina hasta no penalizar a los médicos que retrasen su jubilación. Asimismo puede agilizar la homologación de títulos extranjeros y aumentar de las transferencias económicas a las regiones para la atención primaria, entre otras. Lo cierto es que el Gobierno de Sánchez practica la dejación de funciones y descarga toda la presión en las comunidades autónomas.

El atasco que padece la medicina familiar y comunitaria está directamente relacionada con la falta de médicos y enfermeros. Y esa escasez de profesionales comienza en el número anual de estudiantes que tienen oportunidad de formarse en carreras de Ciencias de la Salud. Ello lleva a que, por ejemplo, alumnos que han obtenido notas muy altas en las pruebas de acceso a la universidad no puedan cursar Medicina debido a los números clausus, esto es, una barrera de entrada que impide el acceso de más alumnos a esta carrera.

«Esto provoca que jóvenes que pueden ser magníficos médicos no puedan hacerlo», señalan desde el área de Sanidad del sindicato de profesionales de la función pública CSIF. Y este tope, que es el origen del escaso número de facultativos que se incorporan a la carrera sanitaria, el que puede modificarlo y aumentarlo es el Gobierno de España, a través de los ministerios de Sanidad y Universidades.

Rigidez

Pero los problemas en lo que a formación se refiere no quedan ahí. Las comunidades autónomas, que son las que forman a los profesionales que ya han salido de la universidad y deben completar su aprendizaje en medicina de familia, tienen las manos atadas a la hora de ofrecer un mayor número de plazas en sus unidades docentes. Ello sucede debido a la rigidez y exigencia de requisitos que el Ministerio de Sanidad impone a los servicios de salud de las regiones para acreditar las señaladas unidades docentes. Y con ello, según cálculos de CSIF, están retrasando la formación sanitaria especializada de miles de futuros médicos.

Pero los problemas con origen en la instrucción de los profesionales sanitarios no son los únicos que están provocando el déficit de personal que deriva el atasco de la atención primaria. También ocurre por los cientos de médicos que, llegada la edad de jubilación, podrían continuar desarrollando su actividad profesional y aliviar la escasez de profesionales, pero que, sin embargo, no lo hacen por la penalización en el cobro de la pensión que les supone compatibilizarla con seguir trabajando. Y también en este caso es el Gobierno de Sánchez el que puede poner remedio.

Muchos facultativos a los que les ha llegado el momento de jubilarse no quieren hacerlo y además su permanencia en activo beneficiaría al sistema de salud. Así lo indican fuentes de CSIF, subrayando que esto es lo que ocurre en muchos países de Europa y reclamando una decisión a nivel nacional, que corresponde al Gobierno, para que en nuestro país vaya en esta dirección y permita compatibilizar el cobro de la pensión con estar en activo, sin que suponga una merma económica para los médicos que decidan llevarlo a la práctica.

Dilación

Del mismo modo, el Ministerio que dirige la socialista Carolina Darias es el único competente para resolver otro importante problema que agrava la falta de profesionales. Se trata de la dilación en las homologaciones de títulos de los médicos extracomunitarios cuya inclusión en el sistema nacional de salud aliviaría la crisis en la atención primaria. En este momento, «las homologaciones de títulos tardan meses, si no años», denuncia CSIF, debido a la lentitud con la que opera el Ministerio de Sanidad y que de acelerar este trámite facilitaría la incorporación de más profesionales a los sistemas de salud de las comunidades.

Por otra parte, las comunidades dependen en buena parte de las transferencias económicas que les hace el Ministerio de Sanidad para financiar la Atención Primaria, con una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado. Para el 2023 el Gobierno destinará a esta área en torno a 170 millones de euros, si bien los profesionales sanitarios defienden que el sistema necesitaría 4.000 millones para paliar el déficit de personal y equipararnos a la media de la Unión Europea.

Todos estos aspectos, responsabilidad del Gobierno de Sánchez, desatascarían la atención primaria en toda España. Pero además se adelantarían a un problema mucho más grave que está por llegar al Sistema Nacional de Salud. Y es que, en una década, está prevista la jubilación del 10% de toda la plantilla nacional de médicos y enfermeros. Por lo que, si ahora mismo, con un déficit de más 29.000 médicos en atención primaria en todo el país y de 130.000 enfermeros, el sistema atraviesa un momento delicado, en los próximos años este problema se acentuará. Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad mira hacia otro lado a pesar de disponer de los elementos necesarios para atajar el problema.