Sánchez lleva gastados 25,5 millones en su propaganda informativa de Moncloa con la inflación en récord

La maquinaria de propaganda informativa que Pedro Sánchez dirige desde La Moncloa lleva ya consumidos más de 275 millones de euros desde que, en junio de 2018, el socialista llegó al poder gracias a una moción de censura. El presupuesto del Ministerio de la Presidencia para la «cobertura informativa» del Gobierno se ha ido reforzando en los últimos años, hasta el punto de suponer ya un desembolso anual de 79.464.000 euros, como se ha presupuestado para este año. De ellos, Sánchez ha gastado 25.534.000 euros hasta junio. Un periodo que coincide precisamente con el incesante incremento de la inflación, que se sitúa en el 10,8%, el dato más alto de los últimos 38 años.

El año pasado, y con los españoles ya golpeados por la gran crisis económica y social, el Gobierno de PSOE y Podemos destinó 72.828.000 euros a este fin. Un año antes, en plena pandemia, fueron 68.826.000 euros. Y en 2019, con Sánchez gobernando en solitario, 69.441.000 euros. Entre junio y diciembre de 2018, en los primeros meses de Sánchez en el poder, el coste de mantener la maquinaria de propaganda informativa ascendió a 39.212.000 euros. En resumen, el gasto total es de 275.841.000 euros.

La llegada del presidente socialista ha incrementado de forma considerable la cuantía destinada a esta partida, en comparación con el Gobierno de Mariano Rajoy. En 2017 -último año completo del presidente del PP-, ese gasto ascendió a 54.192.000 euros. En 2016, fueron 53.978.000.

Ese dinero se dedica a sostener el entramado de «política informativa» del Ejecutivo y sus funciones van desde la difusión de comunicados del Gobierno, el presidente y la reseña de las actividades del Consejo de Ministros, al «análisis de la coyuntura nacional e internacional» o la asistencia a las comparecencias de Sánchez tanto en territorio nacional como extranjero. También se ocupa de «la gestión de la comunicación ante situaciones de alerta nacional» o «el análisis de la legislación vigente en materia informativa».

No obstante, su misión principal es la difusión pública de la posición del Gobierno en los distintos temas de la política nacional como internacional, además «de las grandes líneas de acción política del Ejecutivo y de las diferentes medidas que las desarrollan».

Polémicas

La obsesión del presidente socialista por controlar sus mensajes supone un ingente desembolso a las arcas públicas, que se ha ido incrementando conforme empeoraba la crisis económica y social de los españoles. En este tiempo, varias medidas polémicas han puesto en el centro del debate el interés de Sánchez por vigilar a los medios.

Entre ellas destaca, por ejemplo, la llamada Comisión para la desinformación, un órgano que la oposición bautizó como Ministerio de la Verdad, y que tiene entre sus cometidos supervisar las supuestas campañas de fake news. Las propias asociaciones de periodistas respondieron entonces avisando que ese intento de control podría derivar en censura, pues en el procedimiento de actuación se admitía como uno de los propósitos «examinar» la «libertad y pluralismo» de los medios de comunicación y la «monitorización y vigilancia» de los medios.

En junio de este año, el Ministerio de la Presidencia -en manos de Félix Bolaños- puso en marcha el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación en el ámbito de la Seguridad Nacional, un órgano cuyo objetivo es controlar la «desinformación» que, según Moncloa, supone «una amenaza y riesgo para la Seguridad Nacional». «Dichas campañas buscan polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones y suponen, además, una grave amenaza para los procesos electorales», esgrimen desde el Ejecutivo.

En este sentido, cabe recordar cuando, en abril de 2020, el entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, desveló en una de las ruedas de prensa sobre la pandemia la existencia de una orden en la que se exigía perseguir bulos y desinformaciones que provocasen desafección a las instituciones del Gobierno. El mando policial reconoció que el Instituto Armado trabajaba en «minimizar todo el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno».

Ahora, la polémica rodea la nueva Ley de Secretos Oficiales -Ley de Información Clasificada- que abre la puerta a que los periodistas sean sancionados por difundir informaciones clasificadas. Las multas pueden llegar hasta los tres millones de euros. Moncloa asegura que el objeto de la norma no es impedir la libertad de información, pero en el texto no se excluye expresamente a los medios de comunicación de la posibilidad de sanción.