Sánchez encarga a la Abogacía del Estado asesorar a la Fundación del Valle de los Caídos que quiere eliminar

Sánchez encarga a la Abogacía del Estado la asistencia jurídica de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, entidad creada por Franco en 1957, y con la que los socialistas quieren terminar en actual legislatura.

El BOE de este martes publica la resolución del Ministerio de la Presidencia con la firma de un Convenio de colaboración entre la Dirección del Servicio Jurídico del Estado y el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional -que ejerce el patronato de la misma- para que la Abogacía del Estado preste tanto «asesoramiento jurídico» como «representación y defensa» de la fundación ante cualquier tribunal.

Con una salvedad: aquellos casos en los que «exista contraposición de intereses entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y del Estado o sus Organismos Autónomos».

Esto es, a través del Convenio Sánchez facilita la «colaboración» de la institución con los abogados del Estado que dispondrán de información directa y privilegiada sobre la misma, pero en caso de conflicto de intereses la Fundación tendrá que contratar una defensa particular para enfrentarse a esos mismos letrados públicos.

Con ello, el presidente socialista avanza en sus planes de «resignificar» el conjunto histórico de Cuelgamuros una vez cumplida su promesa estrella de exhumar los restos del dictador Franco, el pasado 24 de octubre. Y, para ello, es necesario hacer inventario de los bienes en poder del Valle de los Caídos -que no se conocen en su totalidad- y cuya gestión corresponde a la Fundación de la Santa Cruz, según el real decreto diseñado por Carrero Blanco, hasta que ésta fue intervenida en 1982 y «temporalmente» administrada por Patrimonio Nacional, desde entonces.

Patrimonio Nacional 

El Gobierno socialista quiere reformar la situación jurídica del Valle de los Caídos, cuyas funciones de conservación, mantenimiento y gestión de visitantes asumió Patrimonio Nacional, en época de Felipe González, sin que se disolviese la Fundación de la Santa Cruz.

Sánchez necesita, ahora, anular los escollos jurídicos que impiden «resignificar» el Valle de los Caídos de acuerdo a la Ley de Memoria Histórica que pretende la reparación de las víctimas del franquismo. Con este paso previo, los socialistas inauguran el procedimiento para crear de una nueva institución, de corte civil, con entidad y atribuciones al margen de las que actualmente desarrolla Patrimonio Nacional.

La Abogacía del Estado tendrá un papel clave, ya que el asesoramiento encomendado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad para la defensa y representación de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, implicará la designación de varios abogados públicos en activo que actuarán como «coordinadores directos» de los servicios jurídicos gratuitos.