Sánchez da 457.000 € a dedo a un consorcio creado para una efeméride que pasó hace 10 años

Diez años después, el bicentenario de la Constitución de Cádiz de 1812 sigue trayendo cola. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado impulsado por Pedro Sánchez para 2022 incluye una partida de 457.000 euros del Ministerio de la Presidencia para el consorcio que se creó en 2006 para los fastos de ese aniversario.

En el año 2012 se habilitó un galeón, se hizo un acto oficial por todo lo alto con los Reyes Juan Carlos y Sofía, se organizaron recreaciones históricas con trajes de época, se firmaron patrocinios con el Cádiz Club de Fútbol, entre otros. Actos académicos, exposiciones, actividades culturales, conciertos y hasta una cumbre iberoamericana con líderes de América del Sur. A pesar de que España atravesaba una dura crisis económica, las diferentes administraciones se unieron para celebrar con toda la pompa los 200 años de La Pepa.

Los actos oficiales terminaron hace 10 años y el consorcio, tal como se anunció tras una reunión en enero de 2013, se iba a desintegrar. Entonces, ¿qué razón explica que en las cuentas de 2022 exista una nueva partida de casi medio millón de euros otorgados de forma discrecional? Según ha podido saber OKDIARIO, ese consorcio arrastra desde entonces una deuda descomunal que impide la liquidación.

En una respuesta parlamentaria el Gobierno indicó que este consorcio se creó en 2006 con la participación de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando. La presidencia del Consorcio la ejercía el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, del Ministerio de la Presidencia. El consorcio se encuentra en liquidación desde enero de 2013 y desde verano de ese año no tiene ni personal adscrito, ni oficina o sede física, ni presupuestos.

En un ejemplo manifiesto de la ineficiencia de la cosa pública, ya se acumula una década sin resolver el entuerto. Desde 2013 se contabiliza una deuda de 456.347 euros con la sociedad estatal Acción Cultural Española (AC/E). También hay un patrocinio pendiente de cobro de 472.222 euros con una sociedad que entró en concurso de acreedores y que se antoja imposible recuperar.

Ya desde 2013 se afirmó que había que «proceder a la extinción de una entidad que no tiene sentido que continúe existiendo». La web que se creó con toda la información (bicentenariocadiz1812.es) ya ni funciona.

Entre 2008 y 2012, la Administración General del Estado aportó 600.000 euros anuales al consorcio. La Junta de Andalucía, otros 400.000 euros anuales. También la Diputación y el Ayuntamiento gaditanos aportaron 200.000 euros anuales y el Ayuntamiento de San Fernando aportó 40.000 euros anuales. Sin embargo, este consorcio, como se comprueba en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022, continúa siendo un dolor de cabeza para la Administración.

Tribunal de Cuentas

Tras los fastos, en 2016, el Tribunal de Cuentas emitió un informe fiscalizador sobre este órgano que detectó «algunas deficiencias en el ámbito del sistema de control interno del Consorcio». Por ejemplo, en la formalización de algunos de sus acuerdos y de su sistema de planificación y de seguimiento de las acciones a realizar.

Los fiscalizadores apuntaron «falta de coordinación entre las actuaciones llevadas a cabo por el Consorcio y las realizadas por las distintas Administraciones Públicas integradas en él».

Respecto a los estados financieros, el Tribunal apuntó que las obligaciones reconocidas, en los presupuestos de gastos del Consorcio en los ejercicios 2007 a 2012, ascendieron a 20 millones de euros. Asimismo, a 31 de diciembre de 2012, las obligaciones reconocidas pendientes de pago ascendían a 2,2 millones.

Por otra parte, los acreedores debían, a cierre de 2012, 3,7 millones al consorcio. No obstante, dadas las dificultades para hacer frente a los compromisos adquiridos, el consorcio negoció quitas con diversos acreedores, obteniendo minoraciones por casi un millón.

La financiación del consorcio procedió de aportaciones privadas por 10,9 millones (el 53% del total). El resto de la financiación procedió de las Administraciones Públicas consorciadas que aportaron 8,2 millones (40%), y de otras administraciones (1,4 millones, es decir, el 7%).

Por otra parte, al analizar los gastos de personal y de contratación, se detectó la falta de las nóminas de 2010 y «deficiencias» en el ámbito de la formalización y justificación de determinados contratos. También el informe especifica «incorrecciones» en la concesión de subvenciones. Se recomendó la liquidación inmediata y que para futuras colaboraciones entre distintas administraciones se fije «una mayor coordinación y un sistema de control interno suficiente».