Sánchez aumentó en 14 millones el presupuesto de la oficina del Júcar que no avisó del desborde del Poyo

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 20/11/2024 06:49
  • Actualizado: 20/11/2024 06:49

El Gobierno de Pedro Sánchez aumentó en casi 14 millones desde su llegada al poder el presupuesto de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera -candidata ahora a comisaria europea- y que avisó tarde y por correo electrónico del desborde del barranco del Poyo a Emergencias de la Generalitat valenciana. El hecho de que esta rambla se viera rebasada fue determinante en la magnitud de la tragedia, que se ha cobrado al menos 219 muertos en la provincia de Valencia.

En concreto, el Ejecutivo de Sánchez prorrogó para el ejercicio de 2019 las cuentas de 2018 elaboradas por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, con un presupuesto aquí asignado a la Confederación del Júcar que se elevaba a 40.176.230 euros, incluyendo aquí las cantidades contempladas tanto en el programa de Calidad del Agua del Ministerio de Transición Ecológica como en el programa de Gestión e infraestructuras del agua.

Este presupuesto ha ido creciendo año tras año con Sánchez en la Moncloa hasta llegar a los 54.076.970 euros en el presupuesto actual del departamento de Ribera, que es el de 2023 prorrogado para 2024. Aquí, la Confederación Hidrográfica del Júcar que preside el socialista Miguel Polo Cebellán también contemplaba este dinero en los dos programas citados. Se trata, por tanto, de un incremento de 13.900.740 euros, o lo que es lo mismo, del 34,6% en seis años, que, sin embargo, no sirvió para mitigar la catástrofe del pasado 29-O.

Cabe recordar que desde junio de 2018, nada más llegar Ribera al ministerio, Compromís ya le pidió «adecuar» el barranco del Poyo, tal y como ha publicado OKDIARIO. A finales de 2020, esta misma formación presentó una enmienda en este sentido para ser incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, pidiendo introducir en esas cuentas, en su tramitación en el Senado, una partida de cerca de siete millones de euros para dicha actuación de mejora en esta fatídica rambla. Pero esta enmienda fue tumbada por el PSOE y sus socios.

De esta manera, el Ejecutivo de Sánchez nunca atendió esta petición y se limitó a licitar por 184.156 euros en 2021 un estudio para el llamado proyecto Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia. Sin embargo, esta actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que contemplaba obras para un mejor drenaje de esta rambla (con un importe de ejecución de 35 millones de euros), quedó paralizada por incompatibilidad con la ley de protección de la huerta en la Comunidad Valenciana, aprobada en 2018 por el Gobierno socialista de Ximo Puig, según fuentes del Ministerio de Teresa Ribera recogidas por Efe.

Asimismo, en la paralización también influyó que el departamento de Ribera revisó el proyecto bajo un análisis coste-beneficio, concluyendo que la obra no era viable económicamente para los resultados que se perseguían. Desde 2009, la CHJ manejaba un plan, con presupuesto previsto de 221 millones de euros, para la creación de cinco vías verdes que conectasen los barrancos de Pozalet, Poyo y Gallego a lo largo de sus cauces naturales para aumentar así su capacidad hidráulica en caso de fuertes avenidas de aguas.

Precisamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que el Gobierno de Sánchez haya desdeñado obras en torno al barranco del Poyo «al no responder al criterio coste-beneficio pese a contar con un fondo extraordinario de 160.000 millones de fondos europeos». Ante ello, el jefe de la oposición ha instado al Ejecutivo a adoptar medidas inmediatas para la puesta en marcha de un plan en materia de infraestructuras hídricas, remarcando la obligación de revisar las presas y la necesidad de elaborar un listado de obras de emergencia en este ámbito.

Ha sido ahora, tras la catástrofe del pasado 29 de octubre, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Teresa Ribera, ha licitado un contrato para la reparación de los daños causados por la DANA en el barranco del Poyo y sus inmediaciones por valor de 31,1 millones de euros, esto es, casi los 35 millones que costaba la citada obra de la conexión verde y que habría reducido los dramáticos efectos de la peor DANA del siglo en Valencia.

«Actuó de mala fe»

En este contexto, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, afirmó este martes que el Ejecutivo de Sánchez y Ribera «actuó mal y de mala fe», ya que «dejó solo a la Generalitat valenciana frente a una catástrofe natural que ningún gobierno autonómico podría afrontar con sus propios recursos», apostilló.

Por su parte, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia ya están estudiando si es posible denunciar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo adscrito al Gobierno de Pedro Sánchez, por no avisar al Consistorio de la crecida del barranco del Poyo. Así lo indicó el portavoz del Gobierno municipal de María José Catalá y concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, quien aseguró que «no recibimos ningún aviso» desde la CHJ sobre la riada.