Sánchez asalta el Constitucional con Laura Díez, asesora del Govern sobre la reforma del Estatut

Pedro Sánchez ha culminado su asalto al Tribunal Constitucional con la designación de los dos puestos vacantes de magistrados que le corresponde elegir al Gobierno. Se trata de dos figuras cercanas a la órbita del separatismo, por una u otra razón. Juan Carlos Campo, ex ministro de Justicia que firmó los indultos a los líderes del procés, y Laura Díez Bueso, ex directora general del Ministerio de la Presidencia.

Catedrática de Derecho Constitucional y doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, Díez Bueso ejerció en el Gobierno de Sánchez como directora del Gabinete del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, primero, y después como directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica en Moncloa. Un cargo que ocupó hasta abril de este mismo año. Pero, además, la magistrada fue asesora de la Generalitat entre 2002 y 2004 para la reforma del Estatut, varios de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales.

Este año, la juez fue elegida para formar parte del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, nombrada por el Parlamento catalán a propuesta del PSC. Actualmente, Díez ejerce de vicepresidenta. Esta institución se encarga de asegurar que las normas con rango de ley del Govern y el Parlament se ajustan al Estatut y la Constitución. Además, se ocupa de identificar los posibles recursos, motivos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia que puedan afectar al «autogobierno catalán».

Durante estos meses, según fuentes socialistas, Díez Bueso ha dado su opinión al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños, de cara a elaborar una nueva propuesta de reforma estatutaria en Cataluña que incluya la posibilidad de organizar un nuevo referéndum con un marco legal. Precisamente esta es una de las cuestiones que el PSOE quiere pactar con ERC en la mesa de negociación que se reunirá a finales de diciembre. Bolaños es el representante del Ejecutivo. La idea, según las mismas fuentes, es que Gobierno y Govern alcancen un acuerdo antes de dar a conocer a la opinión pública la reforma del Estatut de tal forma que los trámites parlamentarios, tanto en el Parlament como en el Congreso, sean rápidos. Díez Bueso se encargaría de que pasase los filtros en el Tribunal Constitucional sin demasiadas reticencias.

Referéndum

El perfil de Díez consolida precisamente la hoja de ruta de Sánchez en sus negociaciones con sus socios separatistas, que pasan por un referéndum pactado con la forma de una reforma del Estatut. Precisamente, esa reforma sería el paraguas legal para que los independentistas puedan lograr su objetivo de una nueva cita con las urnas. Como avanzó OKDIARIO, los equipos de Moncloa y Palau «tienen documentos muy avanzados» para iniciar los trámites de la reforma estatutaria, que contaría con el compromiso de PSOE, Podemos, ERC y Comuns para convalidarla rápidamente, tanto en el Parlament como en el Congreso.

Además de experta en la reforma del Estatut, Díez Bueso domina también el escenario de un referéndum pactado. En 2013 pronunció una conferencia que, precisamente, exploraba este asunto: ¿Qué podemos aprender de Canadá y Escocia? Una charla en la que la ahora magistrada del Constitucional desgranaba el procedimiento seguido por estos países para celebrar sus referéndum, con una pregunta acordada y distintas garantías. Precisamente, son estos territorios a los que ERC mira como ejemplo para un futuro referéndum. El propio Oriol Junqueras ha señalado a la vía escocesa como «la mejor» porque «conlleva el pacto y el acuerdo».»Es la opción que genera más garantías y reconocimiento internacional», ha considerado el líder de ERC condenado por el referéndum ilegal de 2017.

Sánchez teje ahora un Tribunal Constitucional a medida para explorar el acuerdo con el separatismo. Y cabe recordar que el acuerdo de investidura que el presidente socialista rubricó con ERC en 2020 para la «resolución del conflicto político». En ese pacto ya se recogía expresamente que «las medidas» en que se materializasen los «acuerdos» alcanzados en la mesa serían «sometidas a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídicopolítico». A todo ello se suma la supresión del delito de sedición del Código Penal, que el pasado jueves encarriló su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados con el voto a favor de los aliados de Sánchez. La supresión de este delito el Gobierno deja en un vacío legal el intento de ruptura del Estado.