Sánchez Acera no recuerda nada: la asesora de Sánchez sufre amnesia para proteger a García Ortiz y Moncloa

La tercera jornada del juicio contra Álvaro García Ortiz ha dejado al fiscal general del Estado en una posición más comprometida después de que tanto el testimonio de la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, como las declaraciones de varios periodistas afines hayan generado serias dudas sobre la versión de la defensa. Las contradicciones y lagunas de memoria han socavado la coartada que pretendía exculpar al máximo responsable del Ministerio Público.

Sánchez Acera ha comparecido este miércoles ante el Tribunal Supremo sin poder recordar qué supuesto medio de comunicación le facilitó el pantallazo del correo de Alberto González Amador que después envió a Juan Lobato. La ex asesora ha justificado esta amnesia selectiva alegando que cambió de teléfono móvil en septiembre de 2024 y que no puede comprobarlo. En lugar de tratar de contactar con sus periodistas afines para hacer memoria, ha optado por evasivas constantes y no colaborar con la Justicia para no perjudicar a García Ortiz. Fuentes del caso dan por hecho que el tribunal considera que la testigo miente y realmente no quiere recodar quién le pasa la documentación. Podría ser alguien de Moncloa con dirección directa con el fiscal general y la excusa de los periodistas autonómicos es una mentira para blanquear la operación de cloacas.

Su relato presenta fisuras evidentes. Ha asegurado que recibió la información de un periodista especializado en información autonómica, pero ningún informador de ese perfil ha publicado el documento controvertido. Quien sí lo hizo fue El Plural, medio afín a la izquierda, apenas minutos después de que ella se lo reenviara a Lobato. Eso sí, con otro formato, lo que usa para decir que ella no filtró nada.

Además, la testigo ha reconocido ante el tribunal que mantiene contacto con dos periodistas de El Plural: José María Garrido y Marcos Paradinas. Esta revelación cobra especial relevancia porque el medio publicó el correo del 2 de febrero prácticamente en tiempo real, justo después de que Sánchez Acera lo compartiera con el entonces líder del PSOE madrileño. La noticia la firmó en El Plural una periodista que ahora trabaja en el Congreso para Sumar. Curiosamente, ella no ha sido llamada a declarar en el Supremo.

La cronología resulta difícil de explicar sin una coordinación previa de Sánchez Acera y Moncloa con El Plural. A las 8:29 horas del 14 de marzo, Sánchez Acera envió el pantallazo a Lobato. Minutos después, a las 9:06, El Plural difundió la información. La coincidencia temporal apunta a una estrategia orquestada más que a una casualidad periodística. Inmediatamente después, a las 9:27, el secretario de Estado de Comunicación envía el enlace de la noticia de El Plural a Lobato.

A las 10:03, la directora de El Plural –hoy alto cargo en una empresa pública gracias al PSOE– le reenvía por whatsapp a Lobato otro correo relativo al novio de Ayuso. «Mira, la realidad del email que recibe el abogado de González Amador». Asegura que «Ayuso mintió». No consta respuesta de Lobato.

Encubrir a un culpable

Los testimonios de los periodistas que han declarado este miércoles han complicado aún más la situación de García Ortiz. Un subdirector de elDiario.es ha provocado un momento de máxima tensión al afirmar: «Sé quién es la fuente y no es García Ortiz». El informador ha añadido que tiene un «dilema moral» porque conoce al verdadero filtrador, pero no puede revelarlo por el secreto profesional. Todo, aunque eso provoque que García Ortiz acabe condenado a seis años de cárcel. De hecho, el Gobierno no lo descarta y se agarra a una absolución a posteriori del Tribunal Constitucional con mayoría progubernamental.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha reaccionado con una advertencia: «Una cosa es que no lo diga; otra que nos amenace con que lo sabe». «Yo no amenazo a nadie, digo que está el dilema moral al que se le pide cárcel, pero sé que es inocente y no puedo decir la fuente», ha respondido el testigo. La intervención judicial evidencia la incomodidad que ha generado esta declaración en la sala.

El periodista de elDiario.es ha revelado además que mantiene una relación profesional con García Ortiz desde 2003, cuando cubrió el caso Prestige. Ha realizado siete entrevistas al fiscal general y una a su esposa. El periodista ha recalcado que en 22 años de carrera el acusado «no me ha pasado un papel nunca».

No obstante, esta proximidad profesional alimenta a la defensa de González Amador; ha incidido en estos vínculos para cuestionar la independencia de ciertas coberturas mediáticas.

El enigma de la tercera planta

Uno de los elementos más inquietantes que ha emergido durante el juicio es la contradicción en el testimonio del periodista de la Cadena SER. Ha asegurado que vio los correos antes de que los tuviera García Ortiz, concretamente que los recogió «a mediodía en la tercera planta» de un edificio.

Esta afirmación presenta problemas logísticos insalvables. De todos los fiscales con acceso al correo electrónico investigado, sólo Almudena Lastra –la fiscal superior de Madrid– y su colaborador Íñigo Corral trabajan en una tercera planta, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Corral no tiene despacho propio, sino un «habitáculo» donde apenas cabe una mesa. Allí nunca recibe a nadie.

Lastra no está a esas horas en su despacho. Además, para acceder a la tercera planta, desde las 15:00 la puerta principal permanece cerrada y por la otra existe un control de seguridad que frena el paso a personas ajenas a la institución. En los registros de acceso de esos días en el acceso principal y en el secundario no consta la entrada del periodista radiofónico.

El despacho del fiscal general del Estado se encuentra en la planta baja del Palacio de Fortuny, por lo que su ubicación le exculparía de este encuentro. Los fiscales de delitos económicos, que también tuvieron acceso al correo, trabajan en unaséptima planta. Aunque el informador tiene obligación de decir verdad, fuentes del caso han calificado de «inverosímil» su versión.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía han tratado de sembrar la duda razonable sugiriendo que existían múltiples potenciales filtradores en esa tercera planta. La estrategia busca desplazar la responsabilidad hacia otros miembros del Ministerio Público, especialmente hacia Lastra, de quien se ha insinuado que mantiene una «animadversión» hacia García Ortiz.

Esta táctica defensiva resulta arriesgada. Implica admitir que hubo filtración desde la Fiscalía, pero tratando de identificar a otro culpable. El problema es que García Ortiz ordenó elaborar la nota de prensa que resumía el contenido del correo, revisó su redacción y presionó para que se hiciera pública con urgencia. Justo la idea de que esa nota se iba a hacer pública en las próximas horas lo cuenta la SER junto con el contenido del email. Sólo lo sabían García Ortiz y su jefa de prensa. La SER habló con ellos esas horas.

Contexto del caso

El juicio contra Álvaro García Ortiz se celebra por presunta revelación de secretos tras la filtración del correo que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía. En ese documento, la defensa de González Amador ofrecía que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo.

El fiscal general se enfrenta ahora a un escenario proceloso donde sus propios aliados informativos han generado más preguntas que respuestas. La defensa ha construido un relato que se desmorona con cada nueva declaración, dejando al acusado en una posición cada vez más comprometida ante un tribunal que observa con creciente escepticismo las múltiples contradicciones y olvidos oportunos de quienes debían respaldar su inocencia.